Hace unos años, en el 2008, el señor Rafael Olvera Amezcua inició un fondo de inversión que usaba las reglas laxas para sociedades financieras populares para evadir la ley. Su fondo prometía todo. Rendimientos altos y ser parte de un exclusivo grupo de personas que ganarían siempre mucho dinero abusando de la ley. Y a muchos les encantó la idea. Llegaron a acumular seis mil 293 millones de pesos invertidos por una serie de personas que, por ingenuidad, ambición y codicia, pusieron su dinero en un sistema que mágicamente (O sea, ilegalmente) les daría ganancias muy por encima de lo que el mercado ofrece.
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Desde el inicio, Ficrea empezó a trasladar secreta e ilegalmente el dinero a Liedman Trade, una arrendadora propiedad del mismo sujeto.
En marzo de 2014, la autoridad bancaria –bastante incompetente- empezó a investigar y descubrió un masivo quebranto a los ahorradores: el dinero no estaba. Faltaban dos mil 700 millones. Para octubre, que se involucró a la PGR ya habían ‘desaparecido’ en dos movimientos 500 millones de pesos y no los han podido encontrar.
En medio de una serie de filtraciones durante el proceso donde se sugiere que Ficrea sobornaba a autoridades para poder operar como lo hacía, se declara la intervención y liquidación de Ficrea, se reparte lo que queda. Pero esto sucede semanas antes de que se emitiera la orden de aprensión contra el defraudador. Hoy esta prófugo el señor Olvera y detenidos tres de sus subalternos.
¿Grave? Sin duda. Es más, es escandaloso. Pero eso no es lo peor, los legisladores han decidido usar nuestros impuestos, sí, los míos y los tuyos, para devolverle su dinero a todos estos ahorradores. Pobrecitos. Ahorradores que sin duda salieron afectados pero por actos consentidos y fueron sujetos de una estafa.
Pongámoslo así: es como si una persona le pide a sus padres que inviertan en su negocio y los convence de que van a ganar muchísimo dinero. De inmediato ellos le prestan el dinero. El sujeto en cuestión toma el dinero y se escapa. Ud. que ni los conoce, le llega un descuento de nómina para ayudar a estos señores que los estafaron. ¿Justo? Lo dudo.
Fallaron los sistemas de vigilancia, las instituciones de control, falló la justicia, falló el Estado. Pero destinar dos mil 600 millones de pesos del presupuesto nacional para rescatar a unos malos inversionistas es una inmensa irresponsabilidad, pero sobre todo es una demostración de que en este país, aún, todo se vale. Y más si unos cuantos legisladores lo deciden.
(Luciano Pascoe)
