Mientras cruzo Michoacán en auto, alcanzo a leer en el Twitter sobre la segunda muerte de Nazario Moreno, mejor conocido como el Chayo. Entonces me orillo en la carretera y me asomo a la cuenta de Felipe Calderón —al cabo que se la pasa tuiteando— para ver si al menos por ahí acepta que nos mintió. En diciembre de 2010, su entonces vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, dio una conferencia y, con aires de Harry el sucio, anunció la primera muerte de Nazario. Pinche Calderón, me digo, en vez de andar de conferencia en conferencia, en vez de aferrase con su clan a la dirigencia del PAN, en vez de crear una fundación para seguir haciendo de las suyas, el bato debería estar en una corte.
Pero esa es otra historia.
Yo vine a hablarles sobre la noticia que me ha recibido en Guadalajara: un camionero, de la ruta 368, arrolló a 22 personas. Una de ellas, María Fernanda, falleció. Una más, Katty Cassandra, está pasando las peores horas de su vida en terapia intensiva.
¿Qué pasó? Unos dicen que el chofer, Leopoldo Soberano, venía echando carreras con otros de la ruta. Pero Soberano alega que no, que él miró a dos estudiantes atravesarse intempestivamente y que, por esquivarlos, dio el volantazo y se fue contra la parada del camión.
Haiga sido como haiga sido —para citar al clásico de Calderón que, por cierto, anduvo este fin de semana en Guadalajara, como si no debiera nada—, el transporte público en Jalisco es, para ponerlo en términos científicos, una mierda. Desde siempre, el estado se ha desligado del servicio. Le ha parecido que es mejor negocio otorgar concesiones. Esas concesiones, en su mayoría, las tienen políticos, o al menos eso dice el vox populi. Los nombres de los dueños, hasta ahora, son un misterio. Esos dueños ponen a trabajar a los choferes jornadas tediosas de 15 horas o más y les pagan a destajo. Entre más pasaje suban, más son las ganancias de los choferes. Pelearse al usuario a cualquier precio es tan común que, en lo que va del año, 15 personas han muerto por atropellamientos… y no pasa nada.
Ayer lunes, la Federación de Estudiantes Universitarios convocó a una marcha. Se habla de que fueron 30 mil manifestantes, cosa que para Guadalajara es una cifra récord. Lo único malo de esta arenga es que, desde la rectoría de la UdeG, o desde la oficina de Raúl Padilla —el poder real de la universidad— salió un boletín apoyando al gobierno del estado. Supongo que esta esquizofrenia tiene un fin: no hacerle eco a la causa contra el transporte que, hace algunos años, decidió abanderar Movimiento Ciudadano, un partido que encabeza Enrique Alfaro, el enemigo de Padilla y del actual gobernador. Así que, en mi loca teoría, de lo que se estará hablando en Guadalajara, de aquí a que se olvida la tragedia, es cómo el gobierno estatal se pelea con los concesionarios y los mete al redil. La muerte de María Fernanda, las heridas de Katty y del resto de los chicos pasará a segundo plano por meros caprichos políticos. Mientras, los ruteros (a quienes les han prometido un sueldo mensual) seguirán matando.
Sólo en México la gente muere dos veces (en una de ésas, por ahí del 2020, otro gobierno nos dirá que ora sí al Chayo lo mataron). En el caso de María Fernanda, el chofer no fue el único que le hizo daño. Las escaramuzas políticas y los concesionarios tampoco no han respetado su muerte.
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