Llevo casi 24 horas tratando de empezar este texto, y la verdad es que lo empiezo sin saber bien a bien qué saldrá. No sé cómo empatarlo con lo absurdo y lo trágico de México, de Guerrero, de Iguala. No quiero recurrir a figuras literarias que infantilmente se acerquen a mi asombro y tristeza. Tampoco quiero pretender una madurez casi indolente que cite datos y se asuma distante. Los números nunca son fríos, lo es en todo caso nuestra mirada sobre ellos. Detrás de cada número hay una tragedia que toca a víctimas, familiares, amigos, comunidades… a todos.
Cuando me siento así de rebasado recurro a un ejercicio mental: ¿cómo le explicaría lo ocurrido en Iguala a un extranjero que nada sabe? Justo ahí me quedé paralizado, ¿cómo podría articular una historia coherente que desemboque en el asesinato de seis estudiantes y la desaparición de 43; que explique que la propia policía entregó estudiantes al crimen organizado; que dimensione el hallazgo de fosas y cuerpos sin rostro?
Justo ahí encuentro también una conclusión: Iguala se pudo evitar. Siete años después del inicio del operativo conjunto y cinco meses después del mando único, me resulta imposible creer que gobiernos y medios no previeran la gestación de una tragedia de esas dimensiones. Ya Eduardo Fierro, Jessica Zarkin y Alexis Cherem nos dieron elementos para pensar lo evitable en el contundente análisis que realizaron en Animal Político. Quiero aquí recuperar sus datos y hallazgos.
Si vemos datos históricos de homicidios dos cosas quedan claras: Guerrero ha sido siempre más violento que el resto del país e Iguala ha sido siempre más violenta que el resto del estado. Si la tendencia permanece, Guerrero será el estado más violento de México en 2014, con una tasa anualizada de homicidios por cada 100 mil habitantes de 44; 2.8 veces más grande que la nacional; e Iguala llegará a los 52.
Ahora bien, hay varios problemas con estos datos. Para empezar, se basan en el reporte de averiguaciones previas que sistemáticamente (como puede verse en las gráficas) se encuentran por debajo del reporte de informes de médicos legistas (i.e. INEGI). Tan sólo entre 2011 y 2012, INEGI reportó 162 homicidios más en Iguala que el SNSP (378 vs 216). Del mismo modo, entre 2007 y 2012, INEGI contó 1,093 más muertos en Guerrero que el SNSP. Nuestras procuradurías estatales son incapaces de contar y reportar sus muertos. ¿En qué país vivimos que contar 162 muertos en un municipio y 1,093 en un estado de menos nos pasan de noche?
Lo sé, 2012 suena lejanísimo, y lo es. Pero a eso estamos condenados. En octubre del 2014 aún no contamos con los datos a nivel municipal de INEGI para 2013. Del mismo modo, el SNSP no reporta datos municipales antes de 2011 y el reporte de víctimas que empezó a realizar en 2014 se hace sólo a nivel de estados, no de municipios.
En suma: usted nunca puede conocer oportuna y rigurosamente el número de homicidios por municipio. Usted tiene una venda sobre los ojos. No puedo evitar pensar que en ello hay una combinación de incapacidad de las procuradurías estatales, pero también de explícita intención por oscurecer la realidad. No veo cómo las políticas de gobierno abierto y de prevención del delito iniciadas por esta administración puedan voluntariamente ponerse la misma venda sobre los ojos.
La imagen se vuelve más nítida y alarmante si vemos los datos sobre desaparecidos. Entre 2012 y 2013, el número de desaparecidos en Guerrero (excluyendo a Iguala) pasó de 42 a 90; y si la tendencia continúa, en 2014 superará los 100. En Iguala, entre 2005 y 2012 hubo un total de 13 desaparecidos reportados; mientras que entre enero del 2013 y julio del 2014 sumaban ya 16. Esto es, en 19 meses ya se había superado el número acumulado antes en 96 meses.
Tan sólo en 2014 (hasta julio) se habían acumulado ya 11 desapariciones. Puede usted pensar (cínicamente) que 11 es un número bajo; de haberse mantenido esa tendencia, Iguala hubiese terminado 2014 con una tasa de desaparecidos de 13 por cada 100 mil habitantes, el promedio en el resto de los municipios del país es 1.4. Esto es, Iguala en 2014 (antes de la tragedia del 26 de septiembre) tenía ya una tasa de desaparecidos más de nueve veces superior al resto de municipios. Si sumamos a los 43 estudiantes que al día de hoy permanecen desaparecidos, la tasa en Iguala se vuelve 44 veces mayor a la de un municipio promedio de México.
Como se muestra en la última gráfica, tan sólo en julio de este año se reportaron ocho desaparecidos en Iguala. ¿Cómo puede uno ver esa tendencia sin intervenir? ¿Cómo ignorar las señales que el 2014 mandaba desde Iguala? Hay dos opciones, y las dos son ofensivas: los gobiernos no consultan y analizan sus propios datos, o lo hacen y no actúan en consecuencia. Supongo que contrario a lo que nos decía Einstein, podemos seguir haciendo exactamente lo mismo y esperar resultados diferentes.
Debo confesarlo. Si en agosto pasado me hubiesen preguntado sobre Iguala y sus desaparecidos, no hubiese podido responder nada. Los datos que reporto aquí provienen de la plataforma publicada en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con los datos depurados de ésta y la anterior administración y publicada a inicios de septiembre. Pero ahí no encontrará usted los datos abiertos de todos los desaparecidos, encontrará una plataforma de búsqueda que llega hasta julio del 2014 (aunque suponemos, quizás inocentemente, que los actualizarán regularmente). Logramos bajar todos los datos y estamos analizándolos respecto a la versión anterior de la misma base; pensamos, como lo hicimos con los anteriores, hacerlos públicos.
Nuestra razón es simple: si los gobiernos no analizan sus propios datos, ni los hacen públicos bajo un entendimiento elemental de democracia y gobernanza; nosotros podemos y debemos hacer ambas cosas. Así entendemos la utilidad pública de datos en una democracia, y así entendemos también nuestra colectiva responsabilidad frente a evitables tragedias que tocan a víctimas, a familiares, a amigos, a comunidades… carajo, que nos tocan a todos.
(JOSÉ MERINO / @PPmerino)
