Pensé que ya no iba a tocar el tema de Michoacán. Tanto se ha escrito que siempre me da angustia repetir algo ya dicho.
Sin embargo, una crisis de esta profundidad y duración, sumada a todas las “novedades” que conlleva el caso, justifica –creo- insistir en el tema.
Arranco con dos enunciados: uno, no creo que las Autodefensas sean “los malos”, es decir, una organización paramilitar creada en alguna oficina pública; y dos, estoy de acuerdo con la propuesta de “institucionalizarlas”, aunque no necesariamente con las reglas que se difundieron el lunes al respecto.
Trato de explicarme:
1.- No entiendo el empeño de comparar a las autodefensas con paramilitares colombianos ni de calificarlos como la policía privada de los terratenientes. ¿Cuántos casos de “ajusticiados” por autodefensas conocemos? Porque en Colombia hubo cientos. Las autodefensas han detenido y desarmado a varias personas, pero luego las han entregado a las autoridades. Hasta ahí.
Imposible no reconocer que han liberado pueblos enteros.
2.- Nadie medianamente sensato cree que las autodefensas son la solución para Michoacán. Pero tampoco podríamos negar que son una respuesta popular a la ausencia total del Estado.
Más aún: la presión que generaron estos últimos 11 meses obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a entrarle al tema de inseguridad, lo que nadie más había podido hacer. Al menos eso habría que agradecerles.
3.- Como ya había comentado en un texto anterior, el gobierno no ha tenido una sola política sobre el tema: los enfrenta, los encarcela, los intenta desarmar, decide trabajar con ellos, ahora propone institucionalizarlos…
Creo que, de todas las opciones, institucionalizarlos podría ser la mejor, aunque obviamente habrá que preguntarse eso qué significa.
Yo preferiría que “institucionalizar” significara hacerlos policías de proximidad (ellos conocen la vida local y son parte de las comunidades), capacitarlos, entrenarlos, armarlos adecuadamente y, sobre todo, obligarlos a cumplir la ley, es decir, que no pueden arrestar a alguien “porque me dijeron que es narco”.
Aunque hay un documento de 1964, firmado por la Secretaría de la Defensa, que define criterios para ser “Cuerpo de Defensa Rural”. ¿Se quiere aplicar? ¿O van a revisarlo? Porque ahí se dice que estos cuerpos deben ser “afines” al gobierno, electos en Asambleas y no pueden recibir salario. ¿Es lo mejor? No lo creo.
Lo cierto es que hacia allá debemos enfocar la presión: a mejorar la figura propuesta. No hagamos, si ese es el caso, policía a un “bandolero”. Pero tampoco criminalicemos a quienes legítimamente decidieron decir “basta”.
¿Qué esperábamos que hiciera el gobierno? ¿Arrestarlos a todos? ¿Desarmarlos (hubo dos muertos cuando lo intentaron)? Hagamos de la necesidad, virtud.
¿Esto abre la puerta para que en otros estados se arme la población? Espero que no. Pero eso no sería responsabilidad de las autodefensas, sino –insisto- de un Estado omiso. Hay que exigir que cumpla con su responsabilidad.
Y aún cuando se presenten otros casos, creo que la generalización es una mala compañía. Para subrayar lo obvio: no se vale suponer que si alguien se presenta como autodefensa es bueno o malo por definición.
Termino diciendo que me preocupa más la errática política pública del gobierno que las autodefensas mismas. Sobre todo porque, confieso, algunas veces me suena más a una política de comunicación que a una política de seguridad.
Las soluciones planteadas suenan a improvisación y desconocimiento del terreno que pisan, pero eso sí acompañadas de muchas entrevistas (Alfredo Castillo lleva más de un centenar) que siempre llevan el mensaje de “aquí estamos trabajando, tenemos claros los problemas, ya empezamos a solucionarlos”.
Y ya saben: con entrevistas no se resuelve nada.
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(DANIEL MORENO)
