Luego de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, las autoridades de ese estado no dejan de patear la pelota hacia delante y evitan asumir su responsabilidad. Ellas, sin embargo, no son las únicas responsables.
Tanto el alcalde prófugo como el gobernador omiso, fueron electos bajo una coalición de izquierdas encabezada por el PRD. Ambos han sido primero respaldados y luego, sobre todo el segundo, defendido -aunque ya hoy cuestionado- por el partido político que los hizo candidatos y gobernantes.
La dirigencia perredista fue a Iguala, resguardada por una escolta de policía federal, a ofrecer una disculpa a la sociedad de Guerrero por abanderar a un candidato a alcalde y echó la pelota a otros partidos para que repitan esta prédica en los estados que les correspondan.
Después de haberlo defendido, sugirieron al gobernador Aguirre evaluar su permanencia al frente del estado, al tiempo que pregonan que investigarán mejor a sus candidatos y gobernantes electos por el PRD.
Desde 2009, sirva de recuerdo, los partidos políticos acompañaron una iniciativa ciudadana para evitar que candidatos deshonestos fuesen postulados, así que la iniciativa perredista no es nueva. Pero ni ellos ni otros partidos han cumplido con esa tarea.
No nos engañemos: En las comunidades, chicas o grandes, la gente sabe quiénes son los malos; desde Iztapalapa hasta la Condesa se sabe dónde está el narcomenudeo –sea en tienditas o valet parkings, da igual–.
También la sociedad sabe quiénes mantienen una trayectoria más proba que el resto, esas son las personas que deben ser postuladas y no aquellas cuyas reputación y ética son cuestionadas. Y más aun los políticos locales saben, sin duda, quienes se vinculan con criminales.
Lo que debe seguir para que el PRD recupere algo de confianza de la ciudadanía no es llamar a una investigación de fondo de manera tan abstracta como lo ha hecho sino llamar a todos sus gobernantes y representantes a denunciar a quienes saben (sospechan con fundamento) que están involucrados con el crimen organizado.
El PRD y toda la clase política que necesita la gente es el que exige a sus candidatos electos a usar los caminos institucionales para que cumplan su obligación de denunciar y no a salir a cuadro de televisión a decir que van a hacerlo. O a toro pasado decir que “ya se sabía que tal estaba vinculado al narco”.
El tiempo de ofrecer disculpas pasó hace mucho. El Partido de la Revolución Democrática está obligado a ir más allá. Si quieren poner un ejemplo distinto deben señalar a las personas coludidas con el crimen, incluso si son militantes propios. Lo demás es demagogia.
Deben salir del argumento de “investiguen” y “filtren”, a denunciar y activamente atender el problema de la colusión entre políticos y narcotraficantes.
Si Angel Aguirre sabe de otros presidentes municipales vinculados es su responsabilidad denunciarlos. Punto.
