Oaxaca es uno de esos lugares de México en los que la justicia casi no se deja ver. Dentro de ese desamparo se enmarcan los años 2006 y 2007, cuando el Estado mexicano sofocó una insurrección popular mediante el uso excesivo de la fuerza, cometiéndose cientos de violaciones graves de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que no han sido castigados.
La alternancia partidista que llegó a nivel nacional en 2000, tardó una década en hacerlo en Oaxaca. Hasta 2010, alguien emanado de un partido distinto al PRI asumió por primera vez el poder estatal. Una de sus múltiples promesas fue la de encabezar un gobierno de transición que brindara justicia a las víctimas de un conflicto que ha marcado la historia reciente de uno de los estados más politizados del país, donde el poder judicial se encuentra sumamente debilitado y sometido a presiones de diferentes grupos particulares.
Desde la perspectiva de justicia transicional, el proceso ideal para resolver las montañas de impunidad acumuladas en un momento específico de una comunidad –como Oaxaca en 2007-, indica tres etapas a seguir: primero, el Estado y la sociedad deben impulsar la creación de una Comisión de la Verdad que realice una investigación ciudadana e independiente, para luego presentar un informe especial donde se dé el relato histórico de los sucesos. Luego debe derivarse una segunda etapa en la que se recomienden nuevas legislaciones orientadas en la no repetición de los hechos, así como depuraciones de los cuerpos policiales y la creación de una fiscalía autónoma para aplicar la ley contra los victimarios. Finalmente, la tercera etapa exige los esfuerzos del Estado para realizar acciones que reparen el daño psicosocial y económico que se ha hecho.
Por diversas razones, esto no sucedió en Oaxaca durante la alternancia. Por lo menos no todo ni en ese orden, sin embargo, algunos elementos de justicia transicional se han aplicado y, gracias a ellos, una fiscalía autónoma y una Comisión de la Verdad presidida por el padre Alejandro Solalinde han hecho la primera consignación por ejecución extrajudicial no sólo en Oaxaca, sino en México. Se trata del caso de Arcadio Hernández, asesinado por autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco, en represalia por hacer uso de sus derechos políticos.
Arcadio sembraba rábanos y otras legumbres, además de participar en la vigilancia de su pueblo. Como los demás guardias comunitarios de ese momento hacía su labor sin armas de fuego. En el contexto del conflicto de Oaxaca, Arcadio se sumó, junto con miles de personas indignadas, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y participó en ella hasta ser asesinado el 2 de octubre de 2006, dejando a una mujer viuda y a siete hijos huérfanos de padre.
La ejecución extrajudicial de Arcadio, no sólo había quedado sepultada en la impunidad, sino también en el olvido. Ninguno de los victimarios de las decenas de activistas víctimas de aquel conflicto había sido consignado con perspectiva de justicia transicional, hasta el caso de Arcadio, el cual está siendo valorado por un juez de Ocotlán.
Lo que sucede en Guatemala y que ha sucedido en otros pueblos rotos por la violencia y la impunidad es algo que inspira en estos momentos a un sector de Oaxaca. La justicia en nuestros adoloridos países no suele estar a la mano ni se deja ver con facilidad. Hay que buscarla con afán.
