En Guatemala estalló este año algo que desde nuestro atrofiado México parece increíble: una sofisticada red de corrupción en la que participaban funcionarios menores hasta el propio presidente del país, fue desmantelada y llevada a la cárcel por las propias instancias judiciales nacionales, las cuales actuaron con autonomía real, gracias al impulso de un organismo llamado Comisión Internacional de Combate a la Impunidad de Guatemala (CICIG). Este organismo fue respaldado no solo por la comunidad internacional a través de la ONU, sino por miles de guatemaltecos que aprendieron incluso a quererlo. Entre muchos otros detalles, durante una marcha en el zócalo guatemalteco, vi a gente eufórica con camisas con un corazón rojo junto a las siglas CICIG.
En México existe un Grupo de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hasta el momento, aunque su trabajo ha sido muy valioso para combatir la mentira, en general se encuentra acotado para poder impulsar realmente acciones de justicia. Por eso surgen cada vez más voces que plantean la necesidad de ampliar el poder de estos expertos, o bien, crear una nueva instancia internacional que cuente con las facultades necesarias para combatir la impunidad mexicana.
Intenational Crisis Group acaba de presentar el informe “Desapariciones: Justicia denegada en México”, donde se dibuja la forma en la que los crímenes atroces cometidos en Guerrero están ligados al triunvirato nefasto de la política, el estado y el narco, no solo en la actualidad, sino durante los últimos 40 años. ¿Cómo romper ese ciclo de violencia tan arraigado? Desde el espacio institucional, la opción más viable y efectiva parece ser la aplicada en Guatemala: un fiscal de alto nivel que no surja de las filas oficiales (tres cuartas partes de los mexicanos descreen del trabajo de la PGR) y una comisión internacional que apoye su investigación (casi dos terceras partes de los mexicanos no creen en la versión del gobierno sobre Ayotzinapa).
En el reporte se reconoce la acción oficial de ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso de Ayotzinapa, sin embargo, se resalta que esta investigación debería estar a cargo de un equipo que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos, además de hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, así como contar con la autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación.
Y el otro punto clave que plantea el informe de International Crisis Group es el que nos lleva al modelo Guatemala: la participación de “una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos”.
Mientras el gobierno mexicano determina la forma en la que abordará esta grave crisis social que padecemos, la cual ha llamado la atención de las instancias internacionales de derechos humanos, un grupo de ciudadanos busca activamente la creación de una Comisión Internacional de Combate a la Impunidad en México. Entre otras cosas, ya compraron hasta el dominio cicim.org.
TARUMBA
Este domingo 1 de noviembre a las 4 pm presento en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Slim. Biografía política del mexicano rico del mundo, un libro publicado por Editorial Debate en el cual trabajé durante varios años. Me acompañarán a comentarlo Lydia Cacho y Emiliano Monge. Si andan por este bello lugar del país, ojalá puedan darse la vuelta.
