La señora Efigenia acaba de cumplir 67 años. Ha trabajado desde que tiene 15. Es empleada doméstica. En las últimas dos semanas perdió dos trabajos: uno porque la niña bien que la empleaba encontró un reemplazo casi 50 años menor que le lava y le plancha sus minifaldas más velozmente y otro porque en el hogar donde la habían contratado hay un perro que la agredía. Efigenia necesita cada hora de trabajo para poder mantenerse.
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Recientemente el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz declaró (La Jornada, jueves 7 de mayo de 2015) que México afronta un “problema crítico” por la pobreza de los ciudadanos mayores de 64 años. Dos terceras partes de esta población (8.6 millones de personas) no cuentan con ahorros suficientes para tener una jubilación digna.
La señora Efigenia pertenece a dos grupos absolutamente desprotegidos: el de los adultos mayores y el de las empleadas domésticas, una fuente de trabajo extremadamente común en países como éste, en los que el acceso a la educación es una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría de las mujeres.
El caso de las empleadas doméstica es alarmante e indigno: a pesar de ser, según datos del INEGI, una fuente de trabajo que emplea al 11.3% de las mujeres que son parte de la fuerza laboral, el gobierno federal aún no ha regularizado este sector que se encuentra ante un estado total de desamparo. Si analizamos los datos reunidos por el Conapred en el estudio titulado “Condiciones Laborales de las Trabajadoras Domésticas” vemos que el 36% de las mujeres que tienen este trabajo comenzó siendo menor de edad, el 51% labora fuera del Estado en el que nació y 9 de cada 10 mujeres (las mujeres constituyen más del 90% de la fuerza laboral doméstica) trabajan sin contrato, lo cual se traduce en jornadas laborales que rayan en la explotación, falta de atención médica, ausencia de pensiones para el retiro, primas vacacionales, aguinaldo, etcétera, etcétera.
No resulta inaudito, sin embargo, dada la calidad moral e intelectual de la mayoría de los legisladores de México, que esta situación no se regularice. Una amiga que trabaja como asesora en una fracción parlamentaria me dijo que una de las razones por la que se ha pospuesto una y otra vez la iniciativa para regular el empleo doméstico en el país es porque todos los legisladores y las legisladoras tienen empleadas domésticas en sus casas y la necesidad de proveerlas con las prestaciones mínimas de ley supondría un encarecimiento de dicho servicio que no están dispuestos a sufragar.
Este país seguirá degradándose en una espiral infernal hasta que no entienda que no puede trazar un modelo de gobierno que deja por fuera a la gran mayoría de sus habitantes. Cada vez es más claro que México no podrá aspirar a un futuro diferente al siniestro presente hasta que no pueda garantizar un modelo más justo o, en el peor de los casos, menos rapaz, abusivo y degradante hacia los sectores más vulnerables de la población.
(Diego Rabasa)
