Hace unas horas un equipo de expertos argentinos identificó los restos de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, a partir del análisis de un hueso y una muela hallados en el basurero de cocula. Este hallazgo merece la valoración de algunas dudas y una consideración capital alrededor de la tragedia de Ayotzinapa.
La consideración capital representa el corazón de todo lo que envuelve la desaparición de los normalistas: pase lo que pase, jamás será posible conocer la verdad sobre lo que sucedió con los 43 muchachos después de que fueron detenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, hace alrededor de dos meses.
Jamás será posible conocer la verdad no solo porque una declaración ministerial –la de los sicarios apresados– no representa la verdad de los hechos ni es garante de verdad, sino porque el gobierno federal, responsable de las investigaciones, es parte y juez en el asunto, un tema que en medio de la vorágine de noticias y acontecimientos no se ha revisado con la profundidad debida.
Los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala, un municipio que forma parte del territorio nacional. Esos policías forman parte del Estado mexicano, y en consecuencia el Estado mexicano, representado por el gobierno peñista, no debió –no debería– encabezar las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas.
¿Qué debería ocurrir en este supuesto?
El gobierno debería aceptar la intervención del grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU, hasta ahora rechazada, para despejar sospechas con una investigación rigurosa, recta e imparcial, como debió y debería ocurrir con más razón en Tlatlaya, donde oficiales del Ejército mexicano ejecutaron a 15 personas.
En el mismo ánimo, el gobierno debería abrir paso a la participación de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, con competencia para entablar juicios en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Si al gobierno peñista le interesara llegar al fondo de la verdad, la ONU y la Corte Penal Internacional deberían tener participación en Tlatlaya y Ayotzinapa. Si al gobierno federal le interesara llegar al fondo de la verdad alrededor de la Casa Blanca, abriría de par en par la transacción por medio de la cual la esposa del presidente obtuvo una mansión en Las Lomas de una empresa contratista del gobierno.
