“¿Por qué incomodan los normalistas?”, me preguntó un amigo que vive en Europa. No supe responderle con un mínimo de certeza.
Cuesta concebir que el gobierno federal, enfermo por su propia imagen, narcisista terco en proyectar pulcritud, haya querido arruinar la fantasía del “Mexican moment” que con frenesí intentaba edificar. Si te obsesiona el alisado de tu traje Zegna, el brillo de tus zapatos Ferragamo, tu fragancia hipnótica Hermès, ¿de un día para otro ejecutarás una masacre que te cubrirá de sangre? ¿El gobierno federal fue capaz de ordenar la desaparición de 43 estudiantes? ¿Tanto miedo tenía a esos luchadores sociales que para aniquilarlos se inmoló, arruinó un sexenio por el que días atrás se ufanaba de galopar libre y veloz?
El lunes, Diego Osorno publicó: “la iniciativa de reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto contemplaba expresamente la desaparición de Ayotzinapa”. Quizá ese afán por borrar a la Escuela Normal Rural Raúl Burgos buscó ser disimulado, pero finalmente la administración de Peña Nieto actuó con torpeza canalla al usar como operador a un gobierno municipal o, al menos, dejar que éste hiciera lo que le viniera en gana.
Iñaky Blanco, fiscal de Guerrero, denunció que el titular de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado, detuvo a los normalistas, y que El Chucky, del grupo criminal Guerreros Unidos –narcos y esbirros surgidos del cártel de los Beltrán Leyva- exigió a policías locales matarlos.
Sabíamos que los gobiernos protegían a los narcos, ahora sabemos que son sus sicarios. Los gobiernos que trabajan con el dinero de la sociedad son sirvientes del mal. Y por culpa de esos gobiernos, nosotros, con nuestros impuestos, financiamos involuntariamente al mal.
Ayer, René Bejarano explicó que los policías atacaron a los estudiantes porque los Guerreros Unidos los convencieron de que pertenecían al grupo enemigo (Los Rojos). Y dijo también que en 2013 habló con Osorio Chong, secretario de Gobernación, para contarle que José Luis Abarca, alcalde de Iguala –hoy prófugo y protegido del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre- tenía vínculos con el narco y era autor del homicidio de Arturo Hernández, miembro de su movimiento. Si fue así, el secretario hizo poco o nada, y su omisión pudo contribuir a una tragedia histórica.
Una pinta de la marcha del miércoles divulgada en Twitter decía: “Con el pueblo muy chingones, con el narco maricones”. La guerra contra el narco duró 8 años y el gobierno la perdió: un estado más poderoso avasalla y emplea a otro, el votado por México. Combatir al narco es malgastar tiempo, dinero y seguir perdiendo miles de vidas. Los 43 jóvenes de Ayotzinapa, quizá muertos, son la señal fulminante de que no hay salida: la droga debe ser legal. Sólo desde esa nueva premisa (sin perdón a los homicidas) México se refundará.
(Aníbal Santiago // @apsantiago)
