El país no solamente se divide entre pobres y ricos, hombres y mujeres, izquierda y derecha. En realidad la conversación pública se divide entre quienes navegan en redes sociales e internet el 70% de su día y quienes no sólo ignoran esa conversación pública, sino desestiman su importancia. Si usted está leyendo este texto en el periódico seguramente tendrá una impresión diferente que si lo lee vía electrónica.
Todo esto viene a cuenta por el escándalo causado por el senador (PRI) Omar Fayad, quien presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, redactada en colaboración con la Policía Federal y con la Secretaría de Gobernación. Aun siendo primer borrador sienta las bases para consolidar la censura y el control estatal de los contenidos y las comunicaciones.
Para entender la propuesta es importante transparentar su origen y motivaciones. Quienes descalifican al senador como un arribista plurinominal se equivocan, Fayad no solamente fue Presidente Municipal de Pachuca; fue Procurador de Justicia de Hidalgo, fungió como Subdirector de Estudios Legislativos en la PGR y director de informática Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Penales: Por si fuera poco fue coordinador de asesores del subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y primer comisionado de la Policía Federal Preventiva. De allí que la campaña de memes para burlarse de él no significa nada para el estratega de lo que se avizora como una maniobra de largo aliento para imponer un control reacio y firme en las ciber-comunicaciones. Se equivocan quienes creen que lo debilitarán con hostigamiento en redes sociales. La discusión está en el plano legislativo y en las leyes supremas, es allí donde la verdadera batalla por la libertad de información debe darse.
Vale la pena detenerse a discutir cómo se debe legislar sobre el comportamiento de las y los ciudadanos en el ciberespacio. Los crímenes cibernéticos no son cosa de risa: México se ha convertido en el primer país de circulación y consumo de pornografía infantil, en la que se incluyen nuevas formas de violencia pornográfica: miles de imágenes compartida de niñas y jóvenes víctimas de feminicidio circulan en redes como trofeos visuales de la brutal violencia de género que ha aumentado un 200% en los últimos años. Recordemos que el 77% de las niñas entre 5 y 11 años que son detectadas por tratantes a través de Facebook. Gobernadores como Roberto Borge gastan millones de pesos de recursos públicos destinados al espionaje ilícito de la sociedad civil organizada y al rastreo y hostigamiento cibernético de la prensa crítica. El mayor número de bots y trolls que circulan en redes de nuestro país son pagados con sus impuestos y los míos para proteger la imagen pública de personajes que van desde el presidente de México hasta alcaldes, gobernadores y legisladores como Fayad ¿Son ellos quienes se quedarán con el control para silenciarnos y hostigarnos hasta lograr el deterioro emocional y la autocensura?
Abordar este debate como una estupidez del senador y persistir en un gritería carente de estrategias jurídicas contra la propuesta que está hoy en el Senado, terminará por ayudarles a los políticos de talante represor a ganar esta batalla. México debe elevar el nivel de discusión sobre la impartición de justicia en actos ilícitos cometidos en el ciberespacio y hacerlo desde una perspectiva jurídica que defienda la libertad de expresión y de información equilibrando la defensa de los otros derechos humanos y, por supuesto, protegiendo la existencia de la prensa libre. A la vez debemos crear controles firmes que eviten el poder de políticos sobre nuestra privacidad, intimidad y libertad. A trabajar pues.
