Durante una reunión en el Restaurante Meridiem del Distrito Federal para hablar de la masacre de Allende en la que cerca de 300 personas fueron asesinadas y sus cuerpos desaparecidos con diesel en unos ranchos, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, empezó a repasar la forma en que gobiernos de otros países y otras épocas han encarado la búsqueda e identificación de víctimas de atrocidades como las padecidas hoy en México, en especial en el noreste. Era interesante la manera tan detallada en la que Moreira explicaba por qué el modelo institucional a seguir era el que se empleó en Chile.
En los setenta, la dictadura de Pinochet persiguió a miles de ciudadanos que eran llevados a campos de concentración en el desierto de Atacama, donde después de algún tiempo eran asesinados y sus restos enterrados en los alrededores. A la fecha hay mujeres escarbando la tierra de Atacama buscando algún rastro de sus hijos. “Después de que revisé las experiencias de búsqueda de Argentina, Uruguay y Chile, nos dimos cuenta que el modelo a seguir era el de Chile, en especial por el trabajo forense que se ha hecho allá en regiones desérticas y el trabajo que se tiene que hacer en Coahuila, con una orografía un poco mas parecida”, me explicó Moreira.
Sin embargo, el Gobernador alegaba que el trabajo de investigación era mucho más complicado en Coahuila, ya que a diferencia de lo que sucedió en Chile, en el noreste de México, los grupos criminales -los ligados al Estado y los no ligados- no llevaron ningún registro mínimo de sus desapariciones. “En Chile los militares tenían un registro de las personas desaparecidas. Aunque no lo ponían abiertamente, sino a través de nombres claves.
Anotaban: “Salieron 400 televisores hoy para Atacama” y los televisores eran personas desaparecidas. Eso no ha pasado en México y por eso la búsqueda ha sido más complicada”.
Moreira asegura que no esta haciendo demagogia con el tema de las desapariciones, como sospechan muchos de sus críticos, quienes ven en el interés del mandatario en tema de derechos humanos, una forma de ocultar las crisis administrativa y de seguridad que inició en el gobierno anterior de su hermano Humberto.
El actual mandatario asegura que lo ha sensibilizado y ayudado en el tema, el combativo Obispo de Saltillo, Raúl Vera, con quien asegura tiene una gran relación. De hecho, con el apoyo de Vera y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), una organización donde se agrupan familiares de personas desaparecidas, el gobierno estatal busca cambiar la actitud de los agentes del Ministerio Público, en quienes prevalece la mala lógica de que si la persona fue desaparecida es porque andaba en algo malo. Tal prejuicio impide que estos funcionarios actúen como deberían en la localización de las miles de personas desaparecidas.
FUNDEC esta ayudando a esto en Coahuila. Algo parecido hace en Nuevo León Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), una organización que dirige la religiosa Consuelo Morales.
Moreira me habló también sobre los negocios que gracias a la Reforma Energética se avecinan en el norte de Coahuila, justo la zona mas arrasada por la Guerra del narco. “Hay muchísimos proyectos en puerta, con los cuales esperamos revitalizar económicamente la zona”.
Días después, conocí la historia de una mujer que cree que en cierto rancho del noreste fueron enterrados los restos de su hijo y ha intentado en vano que haya una inspección forense en la zona. Ahora ese mismo rancho está siendo explorado y en caso de que encuentren gas podría ser explotado energéticamente en el futuro cercano.
Seria una vergüenza que mientras se escarba en la tierra del noreste de México para sacar su riqueza natural, aparecieran los restos de las miles de víctimas de la guerra.
De hecho, no debería iniciarse la explotación de los recursos energéticos hasta que sean encontrados todos los desaparecidos de la zona.
Qué siniestro seria hacer una industrialización entre las tinieblas.
Primero busquemos los desaparecidos y después el gas.
(DIEGO ENRIQUE OSORNO / www.diegoeosorno.com)
