“Doctor, me duele el testículo izquierdo”, “lo siento, señor, yo soy doctor en Derecho”. “¡Ah caray, que específica está la especialización en este país!”, dice el paciente confundido. Aurelio Nuño, el joven secretario de Educación Pública de México, se especializó como estratega de discurso e imagen presidencial mientras fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Sus estudios en Ciencias Políticas en universidad privada no le ayudan en absoluto para enfrentar lo que las y los estudiantes de este país han comenzado a planear este primer fin de semana de diciembre: una movilización nacional de universitarios.
La falta de planeación adecuada, los altísimos niveles de latrocinio gubernamental en los 32 estados, el despilfarro superfluo del Poder Legislativo y el Ejecutivo junto con la caída del petróleo han encendido una alarma y, presto para dar soluciones creativas, el presidente Peña instruyó a Nuño que advierta los inminentes recortes a la educación superior, investigación, ciencia y tecnología. La respuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) no se dejó esperar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, justamente uno de los proyectos culturales más incluyentes y notables del país desde hace casi tres décadas.
“Las y los universitarios no vamos a permitir recortes a la educación superior, ciencia y tecnología ya que la inversión en estos rubros representa la única forma en la que podremos sacar a nuestro país de la indeseable situación en que se encuentra”, dijo Alberto Galarza, presidente de la FEU.
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México sólo invierte el 6% de su producto Interno Bruto en la educación, a pesar de que UNESCO señala un mínimo indispensable de 8%. En ciencia y tecnología debería invertir al menos el 1% pero entrega solamente el 0.38% (y los recortes podrían llevar a la quiebra las investigaciones para mejorar la salud y el bienestar de la sociedad). Basta recordar que el PIB actual es de 1,238 billones de dólares.
Miles de estudiantes, intelectuales y especialistas han reaccionado en estas 48 horas al llamado para enfrentar la errada determinación del Presidente y su Congreso de lo que se advierte como el debilitamiento de la educación, la ciencia y la tecnología como un atentado contra el futuro de una generación entera. Lo cierto es que existen otras salidas que dependen primordialmente de la rebelión social organizada.
En 1994 Naciones Unidas identificó 18 categorías de Delincuencia Organizada, entre las más lucrativas están el lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, armas y personas y uno que va a la alza en México: la corrupción de funcionarios públicos en sus diversas tipologías que impide los avances de la economía y la acción efectiva del nuevo sistema de justicia penal procesal.
A pesar de que parecen acciones inconexas, la defensa de la educación como parte esencial de la Seguridad Humana se debe unir a la exigencia de eliminar por ley todo fuero o inmunidad para cualquier clase de funcionario público que debilite la economía, cometa o facilite los delitos financieros que someten al país a la corrupción que quebranta sistemáticamente la inversión pública en los proyectos de la Nación que harían avanzar al país. Toda acción cívica es útil para hacerles saber que la sociedad no se irá a la quiebra educativa y moral sin dar las batallas necesarias en el Congreso y en las calles.
