La frase cuesta. Incluso se siente raro escribirla. Hablar de “buenas noticias” en el contexto de Ayotzinapa no cuadra. No, por los estudiantes asesinados, por los desparecidos y sus familias. No, cuando a la tragedia se suma el saber que el Estado mexicano no hizo nada para evitar esos hechos.
No lo hizo antes cuando ya había reportes de desaparecidos en Iguala; no lo hizo durante, cuando se enteró – a través de los reportes del Ejército, la Policía Federal y la policía estatal – que algo muy grave estaba ocurriendo en ese lugar, y no lo hizo después, cuando reaccionó tarde y mal a la denuncia de la desaparición de los estudiantes.
Es casi antinatural hablar de buenas noticias cuando sabemos que el gobierno mexicano ni siquiera ha sido capaz de conducir una investigación adecuada. En estos meses, los encargados ignoraron evidencia, ocultaron información e incluso fueron capaces de mentir para ponerle un cierre al caso.
¿Y cuál es entonces la buena noticia? Que todo eso lo sabemos gracias a la investigación realizada por un grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es importante porque gracias a su trabajo sabemos qué sí funciona y qué se ha hecho mal. Es decir, que la PGR hoy tiene la oportunidad de hacer las cosas bien y obtener un resultado creíble.
¿Cómo sería este país si en su momento hubiera pasado algo similar con la investigación del asesinato de Colosio, o la sospechosa muerte de tres secretarios de Estado? ¿Cómo habría cambiado la confianza en los resultados? El caso de la CIDH vale porque, aunque hoy se ve como un golpe al gobierno de EPN, es en realidad la ruta para tener una investigación que por fin dé respuestas a las familias y al resto del país.
Pero no es la única buena noticia. La intervención de los expertos también indica la solución para la crisis política que vivimos. ¿Queremos recuperar la confianza en las instituciones? Necesitamos una comisión, con esta fuerza e independencia, que investigue los malos manejos en los diferentes niveles de gobierno, para que quien deba ser castigado lo sea, y quien esté libre de culpa recupere también su buen nombre. Porque está claro que la investigación de Virgilio Andrade no funcionó para ese fin.
¿Que el gobierno nunca estaría de acuerdo?, ¿que la oposición tampoco? Puede ser. Pero si los ciudadanos queremos empezar a recuperar a nuestro país ya sabemos qué es lo tenemos que exigir. Y eso ya es un primer paso que no debemos minimizar.
