Uno toma la bicicleta en la Ciudad de México y se lanza a la calle amparado por un discurso público que habla de la prioridad del peatón y la bicicleta, como se consigna en la nueva ley de movilidad. Los políticos se llenan la boca con el tema. La gente queda maravillada: qué moderna ciudad.
Pero los más recientes accidentes, el de Polanco y el de la Glorieta Vaqueritos, que terminaron con la vida de los ciclistas, han dejado desnudos esos discursos.
Cuando uno toma la bicicleta, en realidad debería de estar consciente de que no sólo los coches, sino que el entramado institucional entero conspira contra la propia seguridad.
No existe, para comenzar, una política transversal que privilegie al peatón o al ciclista, como lo marca la ley, sino que cada dependencia involucrada tiene una lógica propia que puede o no, contribuir al logro de este objetivo. A diferencia de Londres, por ejemplo, donde la política de movilidad esta coordinada, en el DF a la Secretaría de Medio Ambiente le corresponde la expansión del programa Ecobici, pero la Secretaría de Obras, dominada por ingenieros de la vieja guardia, está completamente dedicada a la expansión de puentes y mejoramiento de vialidades para los autos.
Tomemos la muerte del ciclista de Polanco. Un automovilista abre la puerta, el ciclista tiene que hacerse a un lado y es arrollado por un camión de dimensiones especiales que transportaba escaleras eléctricas. Para comenzar, ese camión no debía de estar circulando por una vía secundaria a esa hora de día. Luego, se descubrió que el automovilista mismo no había pagado tenencia y debía algunas verificaciones.
Nueve de cada 10 accidentes viales son prevenibles, según el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, dependiente de la Secretaría de Salud
La incongruencia entre el discurso sobre movilidad y la realidad se hizo aún más visible con el presupuesto de egresos del DF para 2015. Mientras que se dedican 117.5 millones para el programa ecobici, la asamblea aprobó 1,905 millones de pesos a comprar, construir y mantener obras para automóviles, según datos consignados en la página de bicitekas.
“El presupuesto es una vergüenza”, me dijo el otro día Areli Carrión fundadora de esta organización de ciclistas.
Toda proporción guardada: así como en el caso de Ayotzinapa se habla de una responsabilidad del Estado, en la muerte de los ciclistas también se puede hablar de una responsabilidad pública: “esas muertes son resultado de una grave omisión estatal”, concluyó Areli.
