Durante más de 15 años he planteado una pregunta a miles de víctimas de violencia… ¿qué es lo más frustrante de interponer una denuncia en tu país? Estas son las respuestas por orden de importancia. Nótese que, frente a la pregunta sobre frustración, casi todas las personas responden con la palabra miedo por delante.
1-El miedo a que no me crean las autoridades.
2-El miedo a que le avisen a mi agresor (secuestrador, violador, etc.) y haya venganza.
3-El miedo a que me humillen los peritos o el juez o el Ministerio Público.
4-El miedo a que me quede sin trabajo por tener que ocuparme de investigar mi caso, como le pasa a casi toda la gente.
5-La angustia de no tener dinero para pagar buenos abogados que no se vendan.
6-El miedo a que retraumaticen a mi hijo o hija por no saber cómo tratar a niños o niñas víctimas de abuso.
7- El miedo, la frustración anticipada de que le dedique dos o tres años de mi vida al caso y al final el juez no gire sentencia porque el Ministerio Público y la policía no supieron recabar evidencia.
8-El miedo a que me revictimice más hacer un proceso judicial que el delito en sí mismo.
9-El miedo a que me maltraten, me manoseen, me humillen en la Procuraduría por haber sido violada, violado.
10-El miedo y la angustia a que me castigue la autoridad por haber dicho la verdad.
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Estoy segura de que las y los lectores coinciden con la mayoría de los temores, también sé, porque lo he documentado, que dentro de las fiscalías, juzgados y procuradurías hay personas honestas que intentan romper los vicios estructurales que generan injusticia e impunidad; también viven con miedo y frustración. Entonces ¿quiénes no viven con miedo? Los operadores de la parálisis del sistema. El primero es el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores del país que se rehúsan a diario a aceptar la división de poderes. Ellos son los saboteadores principales del Sistema de Justicia Penal Procesal, impulsan las leyes y paralelamente las desactivan. El caso Ayotzinapa es hoy el más simbólico: Policías y militares ocultan información, el PRI y PRD protegen a su alcalde y gobernador vinculados con la delincuencia organizada y desapariciones forzadas; esta connivencia provoca que la PGJG y la PGR manipulen la evidencia. La sociedad civil se rebela provocando una reacción inesperada, el presidente acepta al grupo de especialistas GIEI; el sabotaje del caso sigue su curso. Cuando el GIEI obtiene resultados el gobierno activa la segunda fase del sabotaje, periodistas comprados siguen discurso del Procurador plantando dudas y versiones acusatorias de las víctimas. Luego el tercer paso, desacreditar a las y los expertos, calumniarles, fabricar acusaciones no solamente a ellas y ellos sino a toda persona de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que valida su profesionalismo y honestidad. El esfuerzo monumental y el gasto que ha implicado para el gobierno federal destruir la posibilidad de obtener verdad y justicia costó cinco veces más de lo que hubiese costado impartir justicia; el daño emocional causado a la sociedad y a las víctimas es irreparable. Sí, los gobernantes operan con crueldad, conocimiento de causa y estrategia. Lo cierto es que la sociedad sigue denunciando para fortalecer a las instituciones que el gobierno mantiene destartaladas. Parece algo obvio pero no podemos olvidarlo: la tarea es desbancar a esos poderosos, es elegir hasta encontrar a quienes se atrevan a restituir el Estado de Derecho. La sociedad civil tiene una tarea: colectar suficiente evidencia, desarticular leyes como la “Ley Atenco”, denunciar sin detenerse a los corruptos. Vencer el miedo para hacer contrapeso ante el totalitarismo que se avecina.
