Todos los días nos enteramos de anécdotas no comprobables de abusos de poder y tráfico de influencias dentro del poder judicial. Esta semana nos enfrentamos a la evidencia del juzgado de distrito al servicio de Jesús Ortega Martínez.
Hace meses Sanjuana Martínez publicó en el portal Sinembargo.mx un reportaje sobre una red de trata de mujeres sometidas a la explotación sexual comercial. En ella la periodista cita a las mujeres que aseguran que entre los clientes se encontraba el expresidente del PRD Jesús Ortega. Éste, acudiendo al derecho que tiene cualquier ciudadano a defenderse de lo que considera injurioso, la demandó en un juzgado en Monterrey. Después de una serie de procedimientos opacos, entre ellos la supuesta pérdida del expediente que casualmente cayó en la Ciudad de México, alguien impidió que Sanjuana recibiera los citatorios para defenderse; fue entonces que el juez giró a favor de Ortega. El equipo de abogados de Artículo 19 que defiende a Sanjuana apeló ante el Tribunal y ganó el amparo. Ortega no había entregado evidencia del daño moral fuera de un puñado de tuits en que lo insultaban.
El caso parecía cerrado hasta que este fin de semana el juez de amparos, quien debe defender la Constitución y todos los derechos que de ella emanan, convalidó el hostigamiento al equipo de abogados de Sanjuana. En una movida inusitada, el juzgado está citando al abogado defensor y a la directora general de la organización Artículo 19 para que den testimonio de las fuentes periodísticas. Hace años ya que un juez no se atrevía en México a exigir de manera tan descarada que los abogados revelaran secretos profesionales, entre los cuales pueden estar los nombres y datos personales de fuentes de una investigación. Tal vez el juez quiere que los abogados revelen los nombres de las víctimas de trata que aún llevan el caso resguardado ante la fiscalía federal contra la trata de personas y violencia contra mujeres (FEVITRA). Sobre todo queda claro que los quieren presionar para saber por qué defienden a Sanjuana. Se han documentado varios casos en que diferentes abogados reciben amenazas, son amedrentados o comprados para dejar solos a quienes requieren de defensa legal contra políticos poderosos. El interrogatorio de los abogados es un sinsentido, en especial porque la defensa de Ortega falló en entregar pruebas a tiempo; de allí que todo tenga visos de hostigamiento político contra una organización que ha ganado amparos en el Caso Narvarte y que evidencia continuamente la corrupción y censura en la CDMX.
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Es claro que el juez de amparo (que no es un juez de barandilla) se atreve a exigir que los abogados defensores de derechos humanos sean sometidos a un interrogatorio sobre sus propios comunicados publicados en varios medios para revelar las razones por las cuales defienden los derechos humanos, y en particular el derecho a la libertad de expresión e información.
Los abogados de Artículo 19 no están pidiendo de ninguna manera que se anule la sentencia, eso es ridículo, porque el caso se debe resolver en un juzgado. Lo que se está solicitando a través del amparo es que se vuelva a llevar a cabo el juicio (reparación de procedimiento) para que tanto Ortega como Sanjuana presenten sus pruebas en un proceso transparente en el que ninguna de las partes pueda hacer juego sucio para ganar.
Mientras en la implementación del nuevo sistema penal procesal y juicios orales hay juezas y jueces intentando reconstruir la credibilidad de las instituciones, nos topamos una y otra vez con ejemplos como este, en que un político utiliza sus influencias para violar las leyes con la venia del presidente del tribunal superior de justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar. Son ellos quienes sistemáticamente sabotean la posibilidad de que la ciudadanía acuda a los tribunales y obtenga resultados justos a partir de dirimir en las cortes lo que no se puede resolver a través de la mediación de conflictos. Debilitar a las instituciones de justicia les asegura la impunidad.
