El padre de la chica de trece años que decidió que ningún hombre debía apropiarse del cuerpo virginal de su hija sino él mismo es un arquitecto de clase media cuyas amistades jamás hubiesen calificado de abusador. El sacerdote de la iglesia en Puebla comenzó a tocar al pequeño monaguillo, un niño maltratado en un hogar, tímido, sometido a una adultocracia que no le reconoció el derecho a la protección hasta que una feligresa desconocida descubrió al sacerdote abusando del pequeño y eligió rescatarlo. Un abuelo que mantuvo amenazada a la nieta a quien “cuidaba”, al ser descubierto aseguró que la pequeña de cinco años lo había seducido con su belleza y necesidad de afecto. Un chico de doce años por fin se atreve a denunciar a su profesor de karate, quien argumentando que para “convertirlo en hombrecito de verdad” forzó durante un año al chico a hacerle tocamientos sexuales.
El más reciente informe del Vaticano reconoce que en una década se han recibido seis mil denuncias de abuso sexual infantil y juvenil perpetrado por sacerdotes de la orden católica. Los estudios de cifra negra de expertas internacionales revelan que sólo se denuncia a las autoridades 1 de cada 6 abusos sexuales infantiles y juveniles. El Centro Nacional de Víctimas de Crímenes (NCVC por sus siglas en inglés) asegura que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 20 niños son abusados sexualmente antes de cumplir 18 años. Las edades más vulnerables para el abuso sexual son entre los 7 y los 13 años, cuando el despertar del deseo y el reconocimiento del placer físico hace sentir culpables a las víctimas. El discurso de amedrentamiento por parte de los victimarios es similar en todo el mundo: se centra en amenazar, silenciar y manipular a la víctima para hacerla sentirse culpable de una falsa provocación.
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El 93% de las víctimas menores de 18 años conocen personalmente a su victimario: padre, hermano, abuelo, tío, médico familiar, portero escolar, profesor, sacerdote, entrenador deportivo, gobernador o alcalde. El poder moral, emocional, económico y físico que los perpetradores tienen sobre su víctimas es el factor principal de silenciamiento. Cada vez se crean más organizaciones de prevención de abuso infantil, más campañas para informar a niñas y niños sobre sus derechos a recibir protección y pedir ayuda. Sin embargo aun no hay suficiente fuerza social, políticas públicas y persecución criminal a los perpetradores. En nuestra cultura que teme confrontar a los poderosos y tiende a culpar a la víctima y hacerla co-rresponsable del crimen que se comete en su contra, no hemos dado la batalla con suficiente fuerza para detener la cultura de normalización y silenciamiento del abuso sexual infantil. Para lograrlo hay que poner sobre la mesa algunos nombres y temas. Por ejemplo recordar que el poderoso legislador Emilio Gamboa Patrón y Miguel Angel Yunes forman parte de una red de encubrimiento y asociación de la red de tratantes de niñas y niños con un solo detenido: Jean Succar Kuri. Que Carlos Slim el mexicano entre los más ricos del mundo jamás se pronunció contra los Legionarios de Cristo y sus probados abusos, ni ha apoyado a causas contra esos abusos, sólo apoya a los Legionarios. Que el PRI, como otros partidos, sigue relanzando a pedófilos y encubridores como Mario Marín y otros que deberían estar en prisión. Que el Papa, como representante del Estado Vaticano se concentra en el perdón discursivo religioso más que en la justicia penal. Que Enrique Peña Nieto decretó una ley de protección a la infancia pero aceptó desfondar los proyectos de prevención y atención a víctimas infantiles. La lista es interminable, el tema central es que el abuso sexual infantil y el incesto persisten por un desequilibrio de poder y un enmascaramiento tramposo, pero también porque los poderosos que podrían detenerlo usan su influencia para encubrir, silenciar, ignorar o desacreditar la gravedad de este fenómeno criminal.
