Si usted es de los afortunados que tiene alguna propiedad en la Ciudad de México, le cuento que a algún trasnochado decimonónico se le ocurrió que usted no debería tenerla, pues sólo reconoce la función social del suelo y la propiedad.
En la propuesta de Constitución enviada a la Asamblea Constituyente, la propiedad se reconoce sólo a partir de su función social, en una visión precapitalista (o, quizá para ellos, postcapitalista pero en realidad antediluviana) del desarrollo.
La visión de construir una sociedad equitativa y justa sin duda es deseable para la gran mayoría de los capitalinos, pero resulta fantasiosa la pretensión de llevar a la Constitución la administración de derechos de edificación con el fin de que la recuperación de las plusvalías se aplique en beneficio de los sectores de bajos ingresos.
Ante la ausencia de la propiedad privada en el texto, cabe preguntar si omitirla fue porque la dan por hecho o porque no creen en ella. Todas las izquierdas razonables del mundo actual reconocen la propiedad privada como motor social, centro de la creación de valor y derecho individual.
Todas las izquierdas menos la nuestra.
A ver, ¿quién querría invertir en una ciudad así? Nadie. ¿Quién querría abrir un negocio formal si la Constitución busca validar el comercio informal?, quizá los mismos que invierten ahora, que no son los microempresarios o emprendedores.
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Una ciudad de vanguardia como a la que debemos aspirar no puede ignorar que vivimos en un mundo distinto al de los redactores del proyecto.
Sí, debemos aspirar a ser una sociedad más justa, pero eso nunca sucederá —ni democrática ni autoritariamente— pasando por desincentivar la participación privada en la economía. Y más aún por el derecho que tenemos todos a poseer y ser dueños de lo que con nuestro esfuerzo compramos: nuestra casa, nuestro departamento. Nuestro negocio.
Para garantizar todos los derechos que se incluyen en el proyecto, a nadie se le ocurrió pensar que se requiere de mucho más que enlistarlos en el texto.
La “ciudad solidaria” a la que se aspira no lo será por decreto; cualquiera que tenga una noción básica del comportamiento humano sabe que la solidaridad no nace de las leyes y que las teorías económicas asumen que las motivaciones del individuo se fundamentan en buscar el beneficio personal antes que el del resto.
