Desde que la gran mayoría de los habitantes de la ciudad tenemos memoria, la movilidad en la capital no ha sido fácil. Con el tiempo, en lugar de mejorar, ha empeorado.
El metro ofreció una vía de transporte masivo al alcance de todos, pero no estuvo disponible para los millones que viven alejados de sus líneas. Luego, cuando la administración de Ebrard decidió hacer una nueva, salió tan mal que pasó meses cerrada para reparar una obra recién inaugurada.
Antes, a los regentes se les ocurrió que la Ruta 100 sería el medio de transporte de los capitalinos; luego, el gremio de conductores se convirtió en un problema político y quitar los camiones pareció el mejor camino. Para ocupar ese lugar llegó la expansión de los microbuses prácticamente sin control; con ellos se creó una nueva estructura corporativa para la clase política de la ciudad.
Miles de millones de pesos se han invertido en sistemas de transporte que no resuelven un problema histórico. Miles más se han destinado a obras de infraestructura que privilegian al transporte privado y fomentan el uso del automóvil en lugar de desincentivarlo.
Los peatones no han sido parte de la planeación urbana; prueba de ello son las avenidas imposibles de cruzar, los puentes peatonales en los ejes viales o la falta de banquetas. Basta ver el más reciente desarrollo urbano de la capital para notar que la movilidad se ha malpensado a favor de los autos. En Santa Fe no existen banquetas ni cruces peatonales; no hay jardines, no hay espacios públicos que no estén destinados al comercio; lo que hay es una omisión de las autoridades para con el bienestar.
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El reciente crecimiento del ciclismo como alternativa de transporte urbano está a merced de conductores que no conocen ni respetan el reglamento de tránsito y, para intentar subsanar una falla, se hacen o pintan carriles exclusivos que son invadidos por el comercio ambulante o resultan inútiles por inundaciones o basura.
Y ni qué decir de la movilidad para personas con discapacidades motrices. La accesibilidad en la calle o el transporte público es prácticamente inexistente.
Incluir la movilidad en el proyecto de constitución capitalina como derecho no lo garantiza. Sólo pensando la ciudad hacia el futuro nos podrá permitir adecuar la capital para que todas las personas puedan ir de un lugar a otro sin sentir que pierden parte de su vida en esos trayectos.