Cuando las cosas se hacen sobre las rodillas, usualmente salen mal. Y eso ha pasado varias veces con la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
De los 100 asambleístas que redactarán la Constitución, 40 serán designados por el Presidente, el jefe de Gobierno y el Congreso, es decir, un reparto de cuotas. Los 60 restantes serán electos por representación proporcional.
El INE, autoridad encargada de la organización del proceso, concedió registro a sólo ocho candidatos independientes, luego el TRIFE ordenó que reconociera a otros tres.
Y esta semana, el Tribunal volvió a revertir al INE y mandó registrar a 10 más, con lo que sumarán 21 independientes. Esto no estaría mal salvo porque, frente a una ley absurda y mal hecha, el INE ha adoptado criterios que luego el TRIFE contradice.
Los primeros candidatos independientes cumplieron, a juicio del INE, con los requisitos para su registro. Entre los tres siguientes había algunos casos absurdos, como aspirantes que aparecían en la lista nominal y luego desaparecían en el cotejo de las firmas.
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Pero en la última tanda hay ya candidatos que no pudieron comprobar haber cumplido con los requisitos y, a pesar de eso, el Tribunal ordenó incluirlos.
Resulta entonces que, para ser candidato independiente en esta ciudad, basta con recurrir a pleitos en tribunales –sin necesariamente haber cumplido con los requisitos– para ser registrado.
El INE, el TRIFE y todos quienes hicieron la reforma política del DF están en falta y nadie se hará cargo de esos errores. A menos de 20 días de la elección, el reparto de tiempos y prerrogativas se tuvo que volver a modificar.
El modelo de votación por los independientes era absurdamente complejo y el Trife, en un acierto, lo simplificó para hacer valer el voto con sólo incluir el número, el nombre o el círculo sobre el nombre de uno de ellos.
En solo dos semanas podrían llegar a votar 7.5 millones de personas, pero las expectativas más optimistas creen que de ellos solo participará 20%.
Con 1.5 millones de votos –o menos– se elegirán 60 asambleístas para redactar la Constitución. Con esa legitimidad en duda se hace la reforma política de la capital, la que nos haría mexicanos de primera, la que deja en evidencia que, como ciudadanía, seguimos lejos de esa aspiración.