Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, está por primera vez en la historia perdiendo sus privilegios en prisión. Luego del ridículo mundial personificado por la Secretaría de Gobernación que “perdió” el control de la seguridad y la Conagua que participó en facilitar la construcción del túnel, el gobierno mexicano se enfrenta a un problema enorme. Los 82 cargos formales en las cortes de los Estados Unidos en contra del capo y sus aliados, la presencia de la CIA en México, los informes del FBI y la DEA sobre vínculos políticos con el cártel y las confesiones que el narcotraficante y su familia han hecho a la prensa a últimas fechas complican el panorama.
Como lo hiciera en su momento el capo colombiano Pablo Escobar, Guzmán pretende negociar que le permitan vivir el resto de su existencia cómodamente y no encerrado como está en alta seguridad (sin convivir con otros presos y apenas mirando el sol una hora al día). Sus abogados han ofrecido que se declararía culpable de narcotráfico y retirará los amparos de la extradición si las autoridades norteamericanas le aseguran una prisión laxa, con comodidades y visitas. La situación es verdaderamente complicada, porque la amenaza de desatar otra vez una guerra sangrienta entre cárteles es su mejor carta: Chihuahua, Sinaloa, Durango y Tamaulipas están en vilo esperando órdenes, pero también lo están California, Chicago y Nueva York. Porque no podemos olvidar que quienes controlan el cártel desde hace unos años son los hijos de Guzmán, Alfredo e Iván, con sus socios norteamericanos, y si algo tiene esa familia criminal es una capacidad de planeación y visión de futuro que varios políticos envidian.
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La segunda no es una guerra de sangre, sino informativa, ésa que desde hace dos años planificó con cautela la familia mafiosa. Videos, fotografías, documentos, cheques en cuentas extranjeras; los mafiosos se han preparado para enfrentar a sus enemigos que, a la vez, son socios parciales: políticos de México y Estados Unidos.
Mientras el Secretario de Gobernación y la Procuradora Gómez jugaban como párvulos con el espectáculo montado contra Kate del Castillo, los familiares y abogados siguieron hablando, entregando evidencia de los vínculos económicos del cártel con políticos, militares, televisoras, empresarios exportadores, jueces y banqueros. Lo cierto es que los Guzmán Loera, Emma Coronel y los Esparragoza, también asociados familiarmente con el patriarca del Cártel, no se quedarán con los brazos cruzados. Han puesto en marcha su estrategia para demostrar sus vínculos empresariales con altos funcionarios de los Estados Unidos implicados en facilitar la entrada de toneladas de heroína al país vecino, a Canadá, Alaska y hasta Rusia, así como sus operaciones en Guatemala, Honduras y Panamá. Las rutas y métodos de trasiego son más que conocidas, la pregunta es qué implicaciones tendrá la guerra por venir.
En Estados Unidos ya se preparan acusaciones colectivas contra Guzmán Loera y su socios por las miles de vidas perdidas a causa de las sobredosis de heroína. Estas se sumarían a las denuncias de asociación delictuosa, posesión ilegal de armas, narcotráfico, lavado de dinero y homicidio.
Todos esperan que diga nombres de sus vínculos políticos, pero él sabe lo que hace. No será a las autoridades a quienes les confiese. Él, según sus abogados, desconfía de la justicia mexicana y no hablará con sus socios del narco-poder, sino con el contrapoder: la prensa independiente.
¿Qué opina PGR-SEIDO de que el líder criminal quiera hablar en Estados Unidos y no en México? Y qué hay de la justicia para los cientos de miles de víctimas directas e indirectas de México cuyas vidas han quedado tocadas por el secuestro, las drogas, la trata para fines de narco-agricultura, el sicariato, la explotación sexual ¿qué hay de nuestras colegas asesinadas o los periodistas desaparecidos por desobedecer al crimen organizado? Por razones aun incomprensibles los abogados de Guzmán Loera aseguran que la justicia no llegará para las víctimas mexicanas, que esto es un asunto de política y negocios, no de justicia.
Mientras más revelaciones obtenemos de estos grupos criminales más evidente es que su comportamiento y la confianza que muestran en la eventual impunidad son casi idénticos al comportamiento y confianza que muestran los políticos más corruptos de México. Las negociaciones del tipo de encierro que busca el fundador del Cártel de Sinaloa parecen estar muy lejos de ser vistas como un castigo por conductas antisociales operadas por la delincuencia organizada que ponen en riesgo la gobernabilidad, la seguridad y la paz social.
Después de la teatralización de la esperanza con la visita del pontífice a México veremos cómo avanzan las negociaciones políticas en esta guerra de poder. Seguro muchos estarán rezando.
