Al presidente Peña Nieto y a su gobierno se les está acabando la pintura. ¿Cuál? La que suelen usar para tapar los problemas del país. Prueba de ello es que la crisis de seguridad, justicia y derechos humanos que vive México es cada vez evidente dentro y fuera del territorio nacional.
Brincó, por ejemplo, con la difusión de un video que muestra a militares y policías federales torturando a una persona en Guerrero, y saltó también con el informe de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, que mostró que dos patrullas federales participaron en la desaparición de los estudiantes normalistas.
Pero la crisis es mucho más cotidiana. Como con la impunidad en Veracruz en el caso de los llamados Porkys, con la caravana de familias que andan por el país buscando a sus familiares que desaparecieron y que ninguna autoridad ha buscado con seriedad, o incluso con la violencia cotidiana – la del asalto en los micros – que no tiene castigo y que es muestra clara de impunidad.
México vive una crisis de enormes proporciones en la que ni policías municipales ni estatales ni federales resultan confiables, y en donde las Fuerzas de Seguridad – soldados y marinos – han sido arrojadas a una guerra, sin tener la formación adecuada, con un saldo lamentable para algunos mexicanos, incluyendo a las propias Fuerzas Armadas que han enfrentado un desgaste en su relación con la población.
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La buena noticia es que esto tiene una salida. No será pronto, ni será sencillo, pero es posible salir de aquí. Porque hay personas preparadas, porque hay experiencias internacionales, porque otros han pasado por lo mismo que nosotros y han logrado generar cuerpos de seguridad e instituciones de procuración e impartición de justicia confiables, incluso aquí cerca, en América Latina.
Sólo que para que esto ocurra el gobierno debe reconocer primero la existencia de la crisis. Ponerla en el centro de la mesa para definir – con los que saben – los pasos a seguir. Admitir todo lo que está mal – que en buena medida ocurre en los estados y municipios – y aceptar que tenemos como país una deuda con millones de mexicanos que demandan y merecen justicia.
¿Es probable que esto ocurra pronto? Podríamos suponer que no. Que el gobierno apostará por tapar todo una vez más, por dejar los casos al olvido, por mirar y hacer que miremos para otro lado. Pero la evidencia muestra que por más que la tapen, la crisis es como una humedad que mientras no sea atendida de fondo, volverá a salir una y otra y otra vez, no importa cuántas veces la intenten cubrir.
El dilema del gobierno es claro: ¿jugará a seguir con la simulación – en la que parece que hace pero no hace – de aquí hasta diciembre de 2018, esperando a ver a qué hora le estalla la próxima crisis con eco nacional e internacional o se pone al frente del proceso?
Veremos si finalmente la realidad los convence de actuar.