Para quienes vivimos en la Ciudad de México, la prepotencia de algunos escoltas no es ninguna novedad. Manejan como si la calle sólo fuera para ellos, circulan por carriles exclusivos y, con frecuencia, se estacionan cómo y en dónde se les pega la gana. ¿Por qué? Porque pueden, porque nadie los toca, porque hay ciudadanos de primera – por lo general sus jefes – y el resto de la población.
No obstante, algo inusual pasó en la ciudad que hizo que esa absurda “normalidad” se pusiera sobre la mesa. Primero, cuando un funcionario delegacional hizo las gestiones para que un grupo de escoltas quitara sus vehículos de la banqueta, y después, cuando los mismos escoltas, sin el menor pudor, acudieron a golpear y a robar al funcionario que los exhibió unos días antes.
Como seguramente saben, me refiero al caso del city manager de la Miguel Hidalgo, Arnes aus den Ruthen, quien apenas la semana pasada fue atacado por escoltas del empresario y dueño de medios Raúl Libien – conocido en le mundo tuitero como #LordMelaPelas por sus amenazas al funcionario – y que se convirtió en un evento mediático gracias a que los capítulos de esta historia han sido transmitidos en Periscope desde la cuenta del excandidato delegacional.
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El caso merece atención. Primero, porque en sí mismo es un desafío para la ciudad. ¿Puede una persona amenazar a otra en público y después salir impune cuando sus escoltas son grabados atacándola? Una abogada a la que respeto mucho me decía, y con razón, que en derecho sólo vale lo que se puede probar. Y que, en sentido estricto, nadie es responsable por lo que hace otra persona, así sea su colaborador.
Tiene razón. Pero en política no sólo existe la dimensión legal, sino también la de la opinión pública y, en esa, sabemos que las amenazas existieron y que fueron los mismos empleados en los mismos vehículos los que golpearon a quien los puso en regla. Legalmente quizá no sea posible proceder contra su jefe, pero en términos políticos era indispensable una posición de la máxima autoridad de la ciudad.
Y ahí es donde Miguel Ángel Mancera se quedó corto. Porque si bien dijo que buscará reglamentar a las escoltas y que habrá una investigación de la procuraduría, en realidad el jefe de Gobierno dejó ir una oportunidad de oro para reiterar que, en esta ciudad, todos debemos ser tratados como iguales.
Porque el caso de Arne vs Libien es en realidad una historia de todos los días en el país. Es la historia de los que tenían lugares reservados en Chiapas o en Michoacán para ver al Papa desde lugares VIP sólo por ser amigos de algún político. Es la historia de quienes violan la ley pero nunca pisan la cárcel porque sus amigos poderosos los protegen. Es la historia de quienes son atendidos en primer lugar en los servicios de salud porque alguien famoso los recomendó.
El caso del ‘LordMelaPelas’ era la oportunidad para que Mancera hablara de la necesidad de tener un Estado de Derecho fuerte en la ciudad, de reivindicar que ante la ley y su gobierno no hay quienes estén por encima de los demás y, que incluso, ese es uno de los espíritus que deberían guiar los trabajos de nuestra próxima Constitución.
En lugar de eso, sólo tuvimos declaraciones cumplidoras y un vacío como para no hacerle el caldo gordo a Arne, a su Jefa Xóchitl Gálvez, y al proyecto que pudieran representar. Frente al reclamo social ganó la grilla. Lástima por él y, sobre todo, lástima por quienes vivimos en esta ciudad.
