Javier Duarte debe estar que no duerme. Sus derechos como cuadro del PRI están suspendidos y, si no pasa nada raro, en unas semanas será expulsado del partido que lo llevó a gobernar Veracruz. No imagino su dolor. Aunque quizá no sea tanto, considerando que en realidad en este tiempo pudo hacer y deshacer lo que quiso sin que nadie en su (todavía) partido se diera por enterado.
A lo largo de su sexenio, Veracruz fue noticia por encabezar por varios años la lista de los lugares más peligrosos para ejercer periodismo. Los asesinatos de reporteros han sido un tema recurrente y eso nunca molestó a sus compañeros de partido. Tampoco mostraron indignación cuando Animal Político, en un magnífico trabajo, documentó la red de empresas fantasma con la que operaba y ni de chiste se les ocurrió forzar su salida mientras operaba —ya derrotado en las urnas— para buscar una protección transexenal. ¿De dónde entonces esta súbita preocupación priista?
La explicación más clara se puede ver en la encuesta de GEA-ISA del mes de septiembre que muestra, por ejemplo, que el gobierno del presidente Peña Nieto es apenas aprobado por 26 por ciento de la población, 20 puntos por debajo de Vicente Fox y de Felipe Calderón a la misma altura de sus respectivos sexenios. El estudio —que se puede ver aquí— también registra que el balance general de opiniones sobre el PRI (es decir, las opiniones positivas menos las negativas) está en su peor momento.
Para dimensionar el tamaño de la caída vale recordar que, mientras en mayo del año pasado tenía un saldo positivo de 13 puntos (su mejor nivel en los últimos 17 meses), en septiembre de este año el tricolor está en -22. Es decir, que en casi año y medio perdió 35 puntos, lo que lo coloca en el tercer lugar, muy por debajo de Morena (+3) e incluso del PAN (-3). Datos que explican la necesidad de hacer algo, pues este malestar también se refleja en las preferencias rumbo a 2018.
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¿Le bastará al PRI con quitarle su credencial a Duarte para mejorar su imagen?, ¿alguien en serio pensará que ese símbolo es suficiente para borrar la tolerancia y complicidad de tantos años? La respuesta parece obvia, sobre todo si consideramos que ya entrados en expulsiones, lo mismo tendrían que haber hecho —y no ahora, sino desde hace años— con César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, Rodrigo Medina en Nuevo León, y una larga lista de ex y gobernadores en funciones con suficientes escándalos en su haber como para ser expulsados de su partido por abonar a su mala imagen.
Si Enrique Ochoa Reza de veras quiere darle la vuelta a las cifras tendrá que hacer mucho más que dejar sin sus credenciales del PRI a tan distinguidos elementos. La limpieza tendría que incluir a no pocos miembros del gobierno federal, y un cambio de actitud radical, que está lejos de mostrar cómo evidenció al defender su liquidación de más de un millón de pesos por dos años de trabajo, simplemente bajo el argumento de que todo es legal, como si con eso desapareciera el enojo por comprobar el mundo de privilegios del que goza la clase política.
El PRI atraviesa una crisis muy seria que puede marcar su destino en los próximos años y para salir de ella ese partido va a necesitar mucho más que un show, que bien puede ganar la atención de los medios, pero que con toda franqueza a la opinión pública la tiene sin el menor cuidado.