El saqueo al país hoy es evidente como nunca antes. Las notas de corrupción llegan todos los días desde Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y una larga lista que sería todavía mayor si le sumáramos los casos federales y municipales que ahí están aunque ahora reciben menos atención, y lo más sorprendente es que en el país se sigue viviendo como si esos casos fueran una excepción y no una distorsionada normalidad.

El tema sorprende porque hoy la corrupción no es una abstracción que nos quede lejos, sino una afectación cotidiana. Prueba de ello son los hospitales públicos de Oaxaca que hoy cobran por servicios ante la falta de recursos o los cientos de burócratas y empresarios con adeudos en Veracruz. Hoy los saldos del robo son tangibles, ya sea por obras inconclusas, inexistentes o por los servicios de pobre calidad que se entregan a los contribuyentes. Y la gran pregunta es por qué en el país no hay un movimiento que exija acciones para detenerlo.

La duda es pertinente, pues es obvio que los casos de funcionarios acusados —entre ellos gobernadores— no son expedientes aislados sino ejemplos de un modus operandi generalizado. Y si en este momento algunos son perseguidos no es porque sean los únicos sino porque sus circunstancias políticas cambiaron y cayeron en desgracia. ¿O alguien duda de que las mismas prácticas de Javier Duarte o Roberto Borge no se están repitiendo en estos momentos en otras partes del país?

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La respuesta es obvia: si esos actores pudieron actuar así por años sin tener controles reales, ¿por qué deberíamos pensar que en otros lugares es distinto? No lo es porque lo que funciona mal no es sólo un problema de personas sino un diseño institucional que quizá en otras partes del mundo opere, pero que en México no tiene resultados.

No funcionan los Congresos locales como vigilantes, la oposición en muchos lugares está cooptada y los medios estatales viven en buena medida de la publicidad oficial entregada con absoluta discrecionalidad. De tal forma que los próximos Moreira o Duarte hoy tienen la mesa puesta para replicar el modelo pues mientras no tengan alternancia al final de su gobierno, nada malo les va a pasar.

Por eso la única forma de romper con esta realidad es a partir de un cambio desde la sociedad. Mientras los ciudadanos no se involucren en política, no se informen, organicen y presionen, no habrá cambio en la ley que funcione. Mientras no se genere presión para las fiscalías locales y se ponga la lupa sobre los fiscales anticorrupción —como ya está ocurriendo en el ámbito federal, hasta ahora con buenos resultados— nada cambiará.

Porque la clase política no se atará las manos a sí misma, porque las complicidades no podrán ser frenadas sin supervisión social, y porque el único contrapoder real es el de una sociedad que tiene que dejar de quejarse para pasar a la acción.  Porque mientras eso no ocurra el saqueo —hoy visible por todos— va a continuar.