México hoy enfrenta una triple crisis: una económica, por la mala gestión interna del gobierno del presidente Peña Nieto; una de incertidumbre, por la próxima llegada de Donald Trump; y una política, como saldo del divorcio entre la clase política y la sociedad.
Ante las dos primeras, el margen de respuesta es estrecho —la economía no se mueve por decretos ni “acuerdos”—, y es un hecho que hay poco que podamos hacer en lo inmediato para mitigar a corto plazo los golpes de Donald Trump, sin embargo, hay mucho que se puede hacer para empezar a recomponer la relación entre el gobierno y la población, y eso es clave para tener capital que permita hacerle frente a las otras dos crisis.
Dicho de otro modo, un gobierno sin márgenes de maniobra en la economía y con una amenaza externa es peligroso pero, cuando eso está acompañado de una crisis de legitimidad, el panorama es todavía peor. El gobierno del presidente Peña despreció constantemente las alertas por su baja aprobación con el pretexto de no gobernar para ser popular y hoy descubre lo que implica enfrentar una crisis social sin fondos.
Ante este panorama, la salida tendría que venir del propio gobierno, pero todo indica que eso no va a ocurrir. En ninguno de los mensajes que ha dado el Presidente para tratar de contener el enojo social ha hablado de la corrupción; en sus intervenciones no ha dado muestras de entender las causas profundas del malestar, y no hay ninguna acción anunciada que permita cerrar la brecha entre los políticos y los ciudadanos.
Por eso la única salida proviene de la agenda que la sociedad pueda imponer al gobierno mediante la presión. No se ve otra opción. Por voluntad propia, la clase política no va a cambiar. Los partidos no renunciarán a la fortuna que reciben año con año, gobernadores y legisladores no van a desmontar el sistema de privilegios que los consiente como reyes, y se ve casi imposible que el gobierno emprenda una auténtica cruzada contra la corrupción en todos los niveles.
Hasta ahora lo que hemos visto son ocurrencias de políticos aislados —unas mejores que otras— que pretenden ganar puntos con los ciudadanos hartos, y varias iniciativas ciudadanas que apuntan en diversos sentidos. En esa línea se se inscriben desde el Acuerdo propuesto por Coparmex, hasta el desplegado firmado por múltiples organizaciones de la sociedad civil como Causa Común y México Evalúa, entre muchas otras, pasando por propuestas como las de Cuauhtémoc Cárdenas o Pedro Kumamoto.
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¿Qué sigue? Que de esos múltiples esfuerzos se construya una agenda mínima común. Que las distintas cabezas den vida a un espacio de diálogo compartido. Que el enojo que hoy está en las marchas se tope con las ideas de los textos y desplegados. Que la emoción se encuentre con las propuestas.
No para generar caos pues el país ya tiene suficientes problemas sino para construir una ruta de salida a este conflicto que pinta muy mal. El malestar no se ha apagado al paso de lo días sino que ha crecido. El dólar y la inflación seguirán subiendo y ya vienen en febrero nuevos gasolinazos, mientras Donald Trump seguirá apretando a las empresas que quieran invertir en México y no hay nada que indique que la crisis se va a apagar.
Por eso hace falta una acción que permita conducir el conflicto hacia una agenda que obligue a los partidos, al congreso y a los gobiernos de todos los colores a tomar cartas en el asunto. Porque sólo así el país podrá empezar a reconstruir un puente entre sus instituciones y el sentimiento de una sociedad que se siente en medio de una tormenta sin que hasta el momento haya nadie que esté dispuesto a tomar el timón.