México hoy tiene dos problemas serios: por un lado, una crisis de derechos humanos de enormes proporciones; por el otro, una campaña en contra de quienes denuncian esa situación.
Del primero hay poco nuevo que decir. Todos los días, incluso en los medios más afines al gobierno es posible encontrar notas que hablan del tamaño del problema. Desaparecidos en Tierra Blanca a manos de policías estatales; cuerpos encontrados en tambos en Puebla; ejecutados todos los días en Acapulco a pesar de un cacareado operativo federal; y así podríamos seguir con la inseguridad en Tabasco, la violencia en Tamaulipas o las denuncias de extorsiones en la Ciudad de México.
México no está bien y cualquiera que viva en este país lo sabe. Solo que ante esta realidad en el gobierno han optado por no reconocer el problema, y en su lugar parecen decididos a descalificar a quienes han señalado el mal estado en que se encuentra la nación.
Como la imagen que retratan los organismos de derechos humanos no le ha gustado al gobierno, es evidente que ha optado por desacreditar a los fotógrafos.
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Primero fue contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a los que fueron a investigar a sus países para ver por dónde les podían pegar. El resultado lo pueden ver en diversos medios que reproducen una y otra vez los mismos mensajes, con las mismas voces, en un coro que tiene como fin desacreditar a quien ha señalado los errores y omisiones en la actuación de la PGR en el caso de Ayotzinapa.
En la misma línea se han lanzado en contra de Emilio Álvarez Icaza, el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al que acusan de tener una agenda personal, como si un organismo de ese tamaño, que depende de la Organización de Estados Americanos, pudiera moverse a su voluntad. Vaya poder que le conceden a un mexicano, que por cierto, ha hecho una gran labor en el cargo.
Por si fuera poco, ahora han lanzado otra campaña en contra del relator de Naciones Unidas encargado del combate a la tortura, al que acusan de no proteger a las víctimas. Todo porque ha osado cuestionar la tortura como una práctica de las policías mexicanas.
El patrón es evidente: desde algunos medios – y con la extraña participación de algunas personas desde la sociedad civil – se trata de debilitar a los que resultan incómodos para el gobierno. El objetivo es poner la lupa sobre el que exhibe y no sobre el exhibido; generar polémica sobre los denunciantes y no sobre el fracaso del Estado mexicano para garantizar nuestros derechos.
El tema exige nuestra atención porque las campañas de desprestigio son también una forma de represión. Y el mensaje para los de afuera es también para los de adentro: la crítica, que no quede duda, será motivo de persecución y descrédito.
No nos equivoquemos, en esto se juega más que la reputación de algunas personas. Lo que está en disputa es la posibilidad de señalar los abusos del Estado de México, ya sean en derechos humanos o en corrupción. Y si se pierde esa batalla, perdemos todos.
