Que en México hay una campaña contra algunos personajes incómodos para las autoridades no es ninguna novedad. Hace apenas un par de semanas hablaba en este mismo espacio de la campaña contra el relator de Naciones Unidas contra la tortura, y sólo desde entonces, se publicaron nuevos ataques en contra de José Guevara, un destacado y reconocido activista en derechos humanos; se presentó una demanda penal – que cobijó la PGR- en contra del Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, y se publicó una foto del obispo Raúl Vera, en una fiesta de disfraces, como para ridiculizarlo.
Es decir, que la ofensiva no se detiene pese al discurso de funcionarios mexicanos que aseguran que en México se respeta el trabajo de los que denuncian los abusos de las autoridades. Por algo hace poco un observador extranjero me dijo que nunca había conocido un Estado tan hipócrita como el mexicano, en donde el político que en la mañana te da la mano en público, por la tarde opera para sacar notas en tu contra.
Pero a esa campaña de desprestigio – cada vez más burda y evidente- hay que sumar otra de la que se habla poco, y es la que exhibe el deterioro de la imagen del gobierno mexicano en el extranjero. Y como prueba dos botones de muestra: el primero proviene de la carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de este clima de hostilidad. Una carta – que pueden ver en CIDH.org – que muestra que el organismo que depende de la OEA está muy preocupado por lo que pasa en México.
La segunda carta está firmada por la Organización Mundial contra la Tortura, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos, entre otros, que hace unos días expresaron también su preocupación frente a la “campaña de desprestigio y difamación contra víctimas y defensores” de los derechos humanos en México.
Es probable que de esos pronunciamientos no se hayan visto muchas notas – como tampoco de la reciente denuncia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que advirtió sobre estas campañas- pues son pocos los medios nacionales que difunden estos temas en sus espacios principales. Sin embargo está claro que fuera del país son cada vez más los actores que registran con atención un clima de retroceso en las libertades políticas.
El gobierno de México parece confiado en que basta con controlar a los actores locales para poder actuar sin ningún costo. Solo que olvida que el mundo cada vez está más conectado y que “la plenitud del pinche poder” de la que habló el ahora célebre cónsul en Barcelona, Fidel Herrera, también se acaba cuando se acaba el sexenio. Porque aunque parezca eterno mientras se tiene, el poder político sí tiene fecha de caducidad. Es el desprestigio el que sí se quedará.