En el último mes México ha sido puesto frente a un espejo y al gobierno no le ha gustado la imagen que se ha proyectado. Primero fue con las conclusiones del GIEI, que no sólo puso en duda la “verdad histórica” de Murillo Karam con el caso de Ayotzinapa, sino que exhibió los errores de la investigación más importante en el país en décadas.
Luego, con la visita en pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mostró que México vive una seria crisis en materia de derechos humanos y procuración de justicia, y desde ahora lo afirmo, volverá a pasar lo mismo cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos presente su reporte luego de las entrevistas que está realizando con diversos actores y autoridades en esta misma semana.
No debería sorprendernos que así sea. Lo que esos reportes de actores internacionales han reflejado es lo que ya sabemos los propios mexicanos. Que en México la justicia es un arma política o selectiva, que tenemos una deuda enorme con los miles de desaparecidos y sus familias, y que la capacidad de investigación y castigo es muy débil. El problema no es que nos lo digan, sino lo que hace el gobierno a partir de este diagnóstico.
Y el problema que hoy enfrenta México es que el Ejecutivo, en vez de encabezar la indignación por lo mal que están las cosas, ha decidido – en palabras de Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la CIDH- encabezar la negación.
El tema es grave porque en vez de reconocer el problema se ha encargado de minimizarlo. ¿Que en unos estados hay cientos de personas buscando a sus familiares en fosas clandestinas? Sí, pero no es en todo el país. ¿Que hay testimonios de personas ignoradas por la justicia? Sí, pero son casos obtenidos en una visita exprés.
El presidente Peña Nieto está dejando ir una de sus mayores oportunidades como gobernante, pues en vez de admitir el tamaño del problema – que por cierto no inició con su gobierno – está decidido al choque. Como no le gustan los mensajes, parece decidido a atacar a los mensajeros, ya sea a través de sus voceros oficiales o de los oficiosos, puestos para hacer el trabajo del golpeteo y la descalificación.
El diagnóstico ahí está y todo indica que el gobierno no tiene como prioridad atenderlo. Al contrario. Ya veremos qué hace la sociedad civil y el resto de la clase política ante una crisis que, por más que le apliquen maquillaje, ya no se puede ocultar.
