La primera exhumación que presencié fue la de Lucio Cabañas, el año 2001, cuando soñábamos con que la transición democrática sería la varita mágica que desterraría la impunidad. Pero el PAN no desmontó la autoritaria estructura priista, tampoco juzgó crímenes del pasado, pero sí nos condenó a todos a repetir nuestro karma corrupto.
Aquella tarde, cuando presencié el vaivén de la escobilla que iba dejando al descubierto el cráneo del guerrillero asesinado por el Ejército que lo enterró en secreto, no sospechaba que cubrir periodísticamente la búsqueda de fosas sería una suerte de destino.
En las calles las “Doñas de Eureka” exigían que les regresaran a sus hijos detenidos-desaparecidos políticos durante la guerra sucia, y comenzaban a sumárseles nuevas madres que llevaban las fotos a color –ya no blanco y negro- de sus hijos recién desaparecidos.
Con la fiscalía que fingía investigar y juzgar los crímenes “del pasado” acudí a una búsqueda infructuosa de restos humanos en el cuartel militar de Atoyac, Guerrero, epicentro de las desapariciones forzadas “del pasado”. Aquella fiscalía desapareció sin meter a nadie a prisión.
Quienes se encargaban del oficio de desaparecer murieron en sus camas rodeados de sus familiares, o siguen activos: tuvieron una brillante carrera en las esferas públicas o privadas, seguros de que los mecanismos de la impunidad eran su blindaje.
Pronto, con la famosa “guerra contra las drogas” de Calderón, las desapariciones que nunca se interrumpieron mutaron en epidemia; las fosas en plaga: la impunidad fue su incubadora.
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Un día de 2010 tuve que asomarme a un pozo minero de Taxco –Guerrero, de nuevo– que aún olía a cadáveres y que resultaron ser más de los 55 que el gobierno anunció. Al año siguiente reporté desde una morgue tamaulipeca saturada con 193 cuerpos recién exhumados, envueltos en bolsas negras que luego volverían a ser enterrados por la PGR en fosas comunes, aunque entre ellas había personas identificables que fueron condenadas al anonimato.
Esos años, en Tijuana, me tocaría acompañar a familias en duelo y funcionarios con perros olfateamuertos que resultaron inútiles para detectar la modalidad regional de desaparición de personas disueltas en ácido.
En 2014, la búsqueda de los 43 normalistas daría pie al destapadero de las fosas de Iguala y a un doloroso ritual dominical en el que registré las búsquedas de las familias desesperadas por no encontrar a sus parientes, quienes rascan con sus manos los cerros y encuentran cuerpos.
En marzo se hizo la primera Brigada Nacional de Búsqueda en Veracruz, a la que llegaron familias de todo el país que han formado grupos que llevan nombres como “los sabuesos”, “los cascabeles”, “las rastreadoras”, y que son la síntesis del México actual: el de los padres y madres huérfanos de hijos y huérfanos de gobierno.
Entre todos compartieron los aprendizajes adquiridos estos años de búsqueda en este México con más de 27 mil personas desaparecidas los últimos 10 años. Su discurso es contundente:”Ya no esperamos nada del gobierno, ni siquiera justicia porque no la dan, sólo queremos recuperar a nuestros seres queridos”.
El suyo es un acto de compasión en medio del horror. Regresar a difuntos a sus casas, devolver paz a otras familias desesperadas en espera de que alguien más regrese paz a las suyas.
Esta semana a empujones arrancó en Tetelcingo, Morelos, la exhumación de una fosa clandestina, cavada por el gobierno perredista local, con más de 100 cadáveres enterrados en secreto. Las familias de las víctimas impusieron su mensaje: para que al gobierno se le vaya quitando esa maldita y arraigada costumbre de cavar sus propias fosas clandestinas, de volver a desaparecer a personas desaparecidas.
Este es un reporte telegráfico de lo que me ha tocado informar desde la enorme fosa común en la que se ha convertido México.
