En la Sierra Tarahumara analizábamos las repercusiones del narcotráfico en la vida cotidiana. Quienes estaban en la charla trazaron una línea de tiempo, en un intento de explicarse cómo se había incubado esa violencia que los tiene encerrados en sus casas, prisioneros, despojados del terruño amado donde se criaron.
“Siempre se ha cultivado eso –dijo alguien– pero había libertad de a quién venderle y los narcos eran campesinos conocidos”. “Luego se ordenó a la gente que sólo a ciertas personas venidas de fuera debían de vender su mercancía”, comentó otro. “Quien vendía por su cuenta desde entonces era castigado”.
En el mapa iban sumando datos para dejar asentado qué pasó año con año. Hasta que todos ubicaron una fecha como el parteaguas, el arranque de su desgracia. Una línea dividía el antes y el después: el día que “el narco ganó las elecciones”.
Ese momento en el cual los candidatos a diputados y a presidentes municipales “no eran gente del partido” sino empresarios desconocidos impuestos a saber por quién. Esa fue la tendencia presente en la mayoría de los municipios serranos. El arranque formal del narcotráfico como financiador las campañas.
Los alcaldes ganadores, esos desconocidos sin currículum partidista, nuevos ricachones de pueblo a quienes no se conocía interés en la política, nombraron a sus compadres en el gabinete y pusieron a sicarios como policías municipales.
Lo que siguió en el tiempo fue el terror: la primera masacre, la de Creel, el pueblo mágico de camino hacia las Barrancas del Cobre. Desde ese 2008 la violencia no ha cesado.
Pocos medios que escapan a la línea de gobierno informan sobre los asesinatos, los pueblos abandonados, las casas quemadas, la estampida de personas que huyen horrorizadas, los indígenas mendigando en las periferias de las ciudades muertos del susto, del hambre y del frío. Algunos pocos rarámuris susurran en voz baja y con el miedo atascado en la garganta que “a una familia la quemaron viva”… “entraron al pueblo y se llevaron a nueve hombres”… “nos obligan a sembrar para ellos sino nos matan”.
La historia de nuestro secuestro inicia cuando los partidos políticos le abren la puerta al dinero de la mafia y se le retribuye el favor permitiéndole apoderarse del territorio, controlando la economía y a la población. O cuando a algún gobernante le ponen una pistola en la nunca para obligarlo a dejar hacer a la mafia, y nadie lo auxilia.
Lo que sigue para la gente es convertirse en esclavos y vivir presos en un paisaje sin colores donde se instala la tristeza, la desconfianza y el silencio. La muerte suelta por las calles jugando a una ruleta rusa donde todos son ejecutables.
Hace varios años una veterana reportera de Chihuahua, mi tierra, me contó que mientras hacía un reportaje sobre las elecciones serranas descubrió ese patrón delictivo de captura de los puestos de elección popular. En su diario no le permitieron publicarlo. El estratega electoral de esos comicios después fue gobernador.
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Se me enchinó la piel hace unos días cuando leí en La Jornada y en Proceso que la historia se repite en estas elecciones: en tres municipios serranos, zona de influencia de cárteles, el PRI inscribió candidatos con fama pública de narcotraficantes. Y, casualmente, sus adversarios estaban siendo obligados a renunciar.
El presidente del partido, rápida y convenientemente, respondió que revisaría esas candidaturas. Pero, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué los periodistas son los encargados de dar la alerta, arriesgando su vida, y no el sistema judicial? ¿Quién sanciona a los partidos que nos entregan a los brazos de nuestros secuestradores?
La narcopolítica no es un concepto ajeno a nosotros. Es la venta de nuestra libertad. Es el saqueo permitido de nuestros recursos naturales. Son los asaltos, secuestros o cobros de piso tolerados en nuestro barrio. Son los policías que asesinan y desaparecen a cualquiera que les parece sospechoso. Son las masacres permitidas. Es la prohibición de las protestas y el silenciamiento de nuestros periodistas. Es ir al Ministerio Público y que nadie quiera levantar tu denuncia. Es no poder vacacionar o usar ciertas carreteras por miedo a ser desaparecido. Son nuestros jóvenes asesinados, cortados en pedacitos. Es respirar aire envenenado y presenciar el ahorcamiento de nuestro futuro. Es tener la casa tomada.
Esta traición política contra los ciudadanos es añeja y perpetuada por alcaldes, gobernadores, legisladores, jueces, generales, presidentes de la República que por tener más poder nos vendieron como rehenes.
Los escándalos de la semana son los de la diputada acusada de manejar los negocios de El Chapo y del ex presidente de otro partido acusado de trabajar para un cártel sanguinario. Pero tenemos historias dignas de colección: Gobernadores videograbados con capos de la droga, presidentes de partido impedidos de viajar al extranjero porque tienen órdenes judiciales esperándolos, directores de penales que permiten a los sicarios salir en las noches a matar o incinerar cuerpos dentro de las instalaciones, presidentes municipales emparentados con los narcos locales, policías dedicados a entregar gente a los asesinos, militares y federales supervisores de que la amapola llegue bien a su destino, presidentes señalados como imposiciones de los cárteles a los que benefician.
Si la cabeza está corrupta, todos están invitados a corromperse.
Los políticos se han vuelto cínicos ante las evidencias. En cada proceso electoral los directivos de los partidos desempolvan el anuncio de que blindarán los comicios de la infiltración del narcotráfico, pero sus promesas de saliva se convierten en escupitajos a los ciudadanos.
No se ve una solución próxima: Cuando los violentos toman el poder, los mejores ciudadanos, los decentes, los comprometidos, se alejan de la política, se autodescartan del pervertido juego electoral con reglas que sólo los mafiosos entienden. Pocos son las y los valientes que entran al sistema electoral en un intento por rescatar nuestro futuro y, cuando lo hacen, su propio partido los sabotea o enfrentan a la maquinaria del dinero que compra votos o reciben amenazas hasta que renuncian a la candidatura o con un balazo en la frente se les hace llegar el mensaje.
