Coincidirán conmigo que cuando escuchan a algún funcionario público anunciar que este año se va a elaborar un “presupuesto base cero” para definir los gastos del gobierno, la frase no les diga nada.
La explicación más clara se la leí a México Evalúa, que lo resume así: cada año, el gobierno elabora un presupuesto, en el que se distribuye el dinero que tiene. “Los recursos se distribuyen al conjunto de programas y proyectos ya existentes, en cierta medida por el hecho de que ya obtuvieron recursos en el pasado. Así el criterio histórico tiene un peso importante en la toma de decisión”.
En el caso del presupuesto base cero, en cambio, “la toma de decisión no parte de la inercia presupuestaria, sino que utiliza criterios más estratégicos. Ningún programa o proyecto recibe recursos por su mera existencia. Más bien, cada uno de ellos debe demostrar de qué manera contribuye al logro de sus objetivos”.
No suena mal.
Es más, hasta quisiera creerles.
Sin embargo tenemos razones para dudar cuando vemos que no pasa una semana sin que se publique cómo se tira el dinero público. Ahí están los resultados del análisis que hace la Auditoría Superior de la Federación: denuncia mal uso de recursos y no pasa nada.
Podríamos mencionar cientos de gastos absurdos. Van ejemplos: en los “pequeños gastos” podríamos incluir el pago de los seguros de gastos médicos a funcionarios, que ya cuentan con el ISSSTE. ¿Por qué no lo pagan ellos? Otro caso: ¿cómo se explican que la limpieza de una oficina cuesta el doble de lo que gasta una oficina privada?
En el rubro de gastos millonarios están ejemplos como el que apenas publicamos en Animal Político: mil 700 millones de pesos para una fundación que promete mejorar la educación, pero a la que no se le piden objetivos ni se le audita, ni sabemos si se aplica bien, ni conocemos sus resultados. ¿Quién lo decidió? ¿Sobre qué base? Misterio.
La SEP gasta más de tres mil millones para “mejorar la educación”. El gobierno gasta cada año mil 500 millones de pesos en subsidios al campo que se tiran a la basura.
Lo mismo sucede con obras públicas que cuestan dos, tres veces más de lo previsto, como los hospitales en Chiapas que han costado 400 millones de pesos, pero no han sido terminados.
Por eso no suena mal lo del Presupuesto Base Cero.
Pero la promesa es insuficiente.
¿Cómo harán para evitar que los funcionarios gasten con ese criterio de “al fin no es dinero de mi bolsa” y que se benefician de que no hay sanciones y hay muy poca vigilancia de la sociedad civil?
Además, es obligatorio conocer los criterios de asignación, las discusiones sobre cómo se asignan, los criterios de evaluación, los mecanismos para sancionar su mal uso, los recortes indispensables a gastos superfluos…
Lo último: nos toca exigir que la base cero no sea sinónimo de “borrón y cuenta nueva” en los casos detectados de mal uso en el pasado. Y esto se traduce, por lo menos, en sanciones a los responsables y mecanismos para evitar que vuelva a suceder y para que se reintegren los recursos.
