Las personas aman los aforismos. Dos de los más conocidos enuncian que el periodismo es el mejor oficio del mundo y que la prostitución es el más antiguo del mundo. ¿En qué se parecen ambos?
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Las prostitutas cobran por sus servicios y los periodistas también. ¿Pero las prostitutas obtienen algo más? No, a menos que un cliente se convierta en asiduo. Hay periodistas que reciben gratificaciones extras, dinero entregado por presidentes y gobiernos, partidos y políticos, líderes sindicales, empresarios y ahora narcotraficantes para silenciar su voz o hacerla afín a sus intereses, y los propietarios de los medios cada vez tienen más negocios fuera de los medios, lo que hace más compleja la relación de intereses entre la prensa y el Estado, un asunto suspendido en el aire por décadas, por una razón: unos y otros se necesitan para subsistir.
El debate cobra vigencia ante el despido de Carmen Aristegui y la promesa incumplida del presidente Peña para regular la publicidad gubernamental, un asunto gigante por lo que representa. Este año el presupuesto asciende a 6.2 mil millones de pesos que el gobierno reparte de manera discrecional entre los medios, favoreciendo a los que lo respaldan, y limitando o vetando a los que se conducen con independencia.
El juez octavo de Distrito, Fernando Silva, emitió una suspensión definitiva de amparo a Aristegui, que intenta recuperar su espacio en MVS, acompañada de una serie de razonamientos inéditos, que se extienden a la relación prensa-Estado.
Si los diarios, que son empresas privadas, reciben presiones del gobierno federal y otros gobiernos por medio de la publicidad oficial para ocultar o manipular información, la cosa es aún peor entre los concesionarios de radio y televisión, que explotan un bien propiedad del Estado.
“En el título de concesión de MVS se lee que la concesión está sujeta a la libertad de expresión”, dice el juez Silva. “La autonomía contractual y empresarial de la empresa se encuentra limitada, así, por derecho fundamental. MVS es concesionario de un servicio y un bien del Estado, y las concesiones deben respetar los derechos humanos (libertad de expresión e independencia de los periodistas)”.
Los razonamientos del juez deberían actuar en todos los medios como una fuerza liberadora respecto de la influencia del Estado. Si una concesión que pertenece al Estado está sujeta a la libertad de expresión, con más razón los medios que son empresas privadas deberían hacer valer ese derecho. Pero llegar a este punto supone varias preguntas:
¿Los medios de comunicación en verdad desean ser libres? ¿Cuántos desaparecerían sin la publicidad gubernamental? ¿Al gobierno –a cualquier gobierno– le conviene una prensa crítica? ¿Llegó el momento de que medios de comunicación y periodistas revelen su posición política y respaldo a candidatos y partidos, como ocurre en otros países? ¿Eso sería posible en México?
( Wilbert Torre)
