Artículo 19 y la Fundación para la Justicia son dos organizaciones que han dado seguimiento a las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León. En el marco del Día Internacional de Acceso a la Información Pública o Derecho a Saber lanzaron ayer la campaña “Un fragmento de Verdad, no es toda la Verdad”, enfocada en esclarecer lo sucedido, para garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad ante estos acontecimientos que ocurrieron en las sombras del noreste de México.
Lic Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
En agosto de 2010, 72 personas migrantes fueron masacradas en San Fernando, Tamaulipas; pocos meses después, en abril de 2011, fueron descubiertas 47 fosas clandestinas con 193 cuerpos, muchos de ellos de personas migrantes; en mayo de 2012, se hallaron 49 torsos, en Cadereyta, Nuevo León.
En México, el sistema de justicia penal se rige por la absoluta secrecía y opacidad. Sin embargo, en casos de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad –como en estos tres casos– esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas y la sociedad, sino que es un deber jurídico propio de la Procuraduría General de la República. La ley y la jurisprudencia, con absoluta claridad, establecen que no se podrá invocar la reserva absoluta sobre las investigaciones penales, pues se debe resguardar el principio de máxima publicidad, proporcionalidad y el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.
Conocer esta verdad es importante para desterrar el terror, para reparar el daño a las víctimas, para la reconciliación y la construcción de confianza institucional, para que hechos como estos no se repitan. La información que conocemos hasta ahora, fragmentada, mal narrada y con profunda oscuridad en los hechos, actores y circunstancias, no satisface esta verdad.
Por esto, es momento de acatar estas garantías sociales, desclasificando la información reservada, elaborando una versión pública de los expedientes que proteja la información que pueda violentar a las víctimas, procesados, testigos y terceros involucrados, y transparentando todas las acciones que se han realizado y los resultados obtenidos en la investigación efectiva, el establecimiento de responsabilidades y el enjuiciamiento de los ofensores. También es necesario reconocer aquellas acciones que se han llevado a cabo para reparar el daño a las víctimas y para garantizar que eventos tan dolorosos como estos no vuelvan a ocurrir.
Señor Procurador, los ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y ponderación de esta naturaleza son trascendentales para establecer un sistema de procuración de justicia que respete y garantice derechos humanos, y así consolidar un Estado de derecho en México.
Necesitamos conocer la verdad de las masacres de San Fernando y Cadereyta. Quienes deseen suscribir esta petición, pueden hacerlo a través de: www.derechoalaverdad.articulo19.org
(DIEGO ENRIQUE OSORNO / www.diegoeosorno.com)
