Cuando escuchamos sobre el espionaje virtual, brincan a nuestra mente imágenes de hackers rusos, tecleando a gran velocidad en rincones oscuros de apartamentos llenos de medidas de seguridad. Les imaginamos a salto de mata, entre aviones privados, destinos paradisíacos, sobornando a autoridades aduanales y viviendo una doble vida llena de secrecía.
Creemos que sus blancos son los grandes personajes de nuestro tiempo: quienes dirigen la política, el crimen o corporaciones internacionales. Claro, vemos que estos intrusos de la información actúan por dinero, poder o relevancia. Y, por supuesto, hemos decidido, con las ficciones antes mencionadas, que la vigilancia y el espionaje virtual sucede lejos de nosotros, por tanto es un tópico de menor relevancia, “al cabo no me va a pasar a mí”.
Nos hemos equivocado. El espionaje virtual en nuestro país es una realidad, probablemente te está sucediendo a ti y es realizado por el gobierno mexicano, como lo muestra “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, informe presentado en noviembre por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
He escuchado a personas que dicen “¿qué importa que vean mis mensajes? No soy un criminal y no tengo nada que esconder”. Bueno, esencialmente el problema es más profundo que no cometer un delito. A través de este tipo de vigilancia el gobierno mexicano o el de tu estado puede ver todas tus fotografías, conocer las casas de tus amigos, investigar tus búsquedas en internet o ubicar a cada uno de los miembros de tu familia, tus rutas a casa o tus charlas más íntimas. También pueden saber tus estados de cuenta, al partido político que votas y los diarios que lees.
En pocas palabras, estas prácticas ilegales podrían acabar con la posibilidad de una vida privada. Y, claro, abre la puerta para que se utilicen estas tecnologías contra quienes son oposición en un estado, quien defiende Derechos Humanos, quien ejerce periodismo crítico o simplemente para extorsionar.
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El trabajo de investigación de la R3D se sustentó en cientos de solicitudes de información pública a diversas autoridades del país y los estados. El resultado de dicha investigación nos arroja evidencia importante para reconocer que el gobierno mexicano, en sus distintas esferas, espía sin argumentos, sin controles y con impunidad.
Nos dicen que es “por nuestro bien”, para interceptar las comunicaciones de criminales, secuestradores o narcos. Pero la realidad es otra: “En México, de las 6 mil 529 averiguaciones previas documentadas en las que se usó algún tipo de vigilancia, hechas entre 2013 y 2015, únicamente 572 (esto es, el 8.7 por ciento) terminaron en un proceso judicial. Hay entidades, como Veracruz, donde este porcentaje se reduce a un ínfimo 0.38 por ciento”.
Si 9 de cada 10 veces que se espía en este país no se abre un proceso legal contra quien se está vigilando ¿entonces para qué se le espía en primer lugar?
Precisamente esta situación nos urge como país demandar que se construyan controles mínimos democráticos para regular a la vigilancia. Sí, con leyes, pero también con transparencia y rendición de cuentas sobre qué autoridades, qué razones y en qué circunstancias puede realizarse esta. Finalmente, pero no menos importante, estos controles deben respetarse al pie de la letra y en caso contrario, que existan consecuencias. Ya hemos tenido suficiente de autoridades que son omisas frente a las leyes.
Nos merecemos tener privacidad. El lograr construir este derecho nos jugamos la misma libertad. Por eso, esta agenda es prioritaria si queremos vivir en un país sin “El gran hermano”, un estado que nos vigila, censura y espía.