El viernes pasado, apenas terminada la conferencia de Jesus Murillo Karam sobre Ayotzinapa, desde la PGR se le llamó a varios periodistas para preguntarles: ¿Por qué dudan de nuestra versión?
La única respuesta posible era: Me sorprende que les sorprenda. No hay razones para creerles.
Si este gobierno ha tenido un sello distintivo en estos casi dos años es su negativa a transparentar procesos y rendir cuentas, en algunos casos amparados en una ley que válida el silencio, pero en muchos otros casos trampeando la ley, evadiéndola o simplemente ignorándola.
¿Ejemplos?
En Tlatlaya mintieron hasta que los “cacharon”. ¿Por qué habríamos de creer que no hubo mandos involucrados en las ejecuciones? ¿Por qué creerles que un mes de impunidad no fue resultado de una decisión política de ocultar los hechos? ¿Por qué creerles que, en adelante, no optarán por un “mátenlos a todos, no dejen testigos”? ¿Quieren que les creamos, pero no habrá más sancionados?
¿Qué ha cambiado en los procesos internos de la Secretaria de la Defensa para que no vuelva a ocurrir?
El sólido y muy bien documentado reportaje del equipo de Carmen Aristegui sobre la #CasaBlanca de la pareja presidencial no puede ser respondido con un comunicado de una cuartilla, cuando al menos queda claramente demostrado un conflicto de interés.
¿Nos vamos a quedar con la explicación de que Angélica Rivera tiene dinero? Al fin que la ley no la obliga a hacer pública su declaraciones patrimonial. ¿Por qué creerles que Rivera ha podido acumular esa fortuna sólo con su trabajo o que es una “casualidad” que la dueña original de la casa sea la misma empresa constructora que ha sido beneficiada por el gobierno de su marido?
Tenemos razones para sospechar: en la declaración patrimonial del propio Presidente hay lagunas, preguntas sin responder. ¿Cómo explica las donaciones de casas y terrenos?
Si han mentido antes…
¿Por qué no habríamos de creer que la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro algo tiene que ver con todo esto? Todavía no sabemos qué ocurrió. La explicación oficial se reduce a un “el Presidente simplemente dijo: saben qué, mejor no”. Al fin que la negativa va a costar multas por unos 500 millones de pesos.
Las especulaciones mas descabelladas se valen.
Transparencia y rendición de cuentas no pueden sostenerse, por supuesto, en buena voluntad de un gobierno. Todos sabemos que necesitamos instituciones y leyes que lo hagan posible y permitan un efectivo combate a la corrupción (otra vez se vale decir: fue el estado).
Pero también cuenta la vocación democrática de un gobierno. Ahora es cuando deberían dar explicaciones sobre la #CasaBlanca, sin que quede una sospecha.
La otra opción es esperar que los ciudadanos mismos eleven el costo social y político de este silencio y asuman que, en efecto, está roto su vinculo.
En temas como Ayotzinapa, requerimos a peritos argentinos o a comisiones interamericanas, porque a este gobierno lo hemos “cachado” en mentiras y medias verdades y no estamos dispuestos a creerle.
El daño evidente a la gobernabilidad democrática, a la credibilidad, a las instituciones y su vínculo con los ciudadanos es claro para todos.
O quizá para casi todos.
No dudaría que este gobierno opte por mentirse a sí mismo para tratar de convencerse que todo va bien.
(Daniel Moreno Chávez / @dmorenochavez)
