La detención de los 11 jóvenes al final de la marcha del 20 de noviembre no ha hecho sino empeorar la grave crisis en la que se encuentra sumido el país y establece una señal ominosa para el futuro. En estos días han aparecido padres de familia preocupados por el destino de sus hijos y testimonios de compañeros de los desaparecidos que dejan claro que algunos de ellos eran un manifestante más, como cualquiera de los miles que asistimos a esa marcha. El caso del estudiante chileno Lawrence Maxwell empeora, incluso, la imagen internacional del régimen. No deja de ser irónico que la policía chilena, heredera del régimen de Pinochet, tenga protocolos de actuación más claros y transparentes que la policía de nuestra ciudad.
Y mientras escribo esto, escucho por el radio que un juez de Veracruz negó la libertad bajo fianza de los 11 detenidos por estar acusados de homicidio en grado de tentativa en agravio (sic), además de los otros cargos como asociación delictuosa y motín.
Vale la pena recordar a las autoridades, como dice una petición que está circulando en las redes, que la indignación de la gente es legítima y no sólo está provocada por de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, o es producto de la crisis provocada por el asunto de la Casa Blanca de las Lomas, sino que se trata de un hartazgo lentamente cocinado, y que son precisamente las fuerzas de seguridad quienes están desacreditadas.
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, conocido por sus operaciones rastrillo en la ciudad, que sólo terminan por criminalizar a más jóvenes, felicitó recientemente a los granaderos por la gallardía y valentía con la que enfrentaron la pasada marcha. Todos los que habíamos pensado que esta ciudad era una isla estábamos equivocados: su policía es abusiva (como demuestra, entre otras cosas, los videos de la pasada marcha, notoriamente el grabado por Layda Negrete) y su Jefe de Gobierno parece estar anulado.
