Hace exactamente once años la capital mexicana recibió una visita muy especial. Bernard Kerik, jefe de la policía de Nueva York en tiempos en que Rudolph Giuliani fue alcalde de la Gran Manzana, visitó el Distrito Federal. Kerik vino a asesorar a Marcelo Ebrard para recomendar políticas anticrimen basadas en Tolerancia Cero, filosofía que supuestamente había logrado reducir la delincuencia neoyorquina. La vida sonreía a Kerik. Al poco tiempo fue incluso candidato a un gran puesto en la administración federal. Pero luego se supo que su trayectoria no era tan ejemplar como se había creído. Desvió dinero y mintió cuando fue candidato a encargado de seguridad nacional en el gobierno de George W. Bush. De héroe pasó a villano. En 2009 acabó en la cárcel, condenado a cuatro años de prisión. En mayo pasado se le otorgó la libertad.
De eso me acordé ahora que en el Distrito Federal se discute aumentar las penas por ultrajes a la autoridad. A todos nos conviene tener una policía que nos haga sentir seguros, protegidos e incluso orgullosos. El aumentar los castigos a quienes atacan a policías es una buena medida, que debe ser acompañada por muestras claras de que la policía también paga por sus errores y crímenes.
Ha sido una temporada singular para la capital. Hemos pasado meses atestiguando policías que son humillados o atacados. Que tales conductas queden impunes es una pésima señal sobre nuestro Estado de derecho. Pero es igualmente grave que haya impunidad cuando son los policías quienes agreden.
Todo mundo coincide en que los llamados anarcos deben ser contenidos, neutralizados, detenidos cuando delinquen y castigados proporcionalmente a sus actos delictivos. Y que no se debe tolerar que ni ellos ni nadie agredan a la policía sin pagar por ello. Sin embargo, tampoco se debe tolerar que los policías abusen o cometan crímenes. Y en estos mismos meses la actuación del gobierno del Distrito Federal en al menos tres casos que involucran graves fallas de los policías ha sido lento, errático y preocupantemente timorato a la hora de perseguir a los uniformados.
El caso Heaven, los policías de civil agrediendo en la marcha del 2 de octubre y el levantón de un colombiano a manos de policías son el reverso de la moneda del clamor que se expresa en diversos medios de comunicación para que la policía sea protegida.
Tan justo es que se castigue más severamente a quien ataca a un policía como que se obligue a los uniformados a pagar por sus fallas. Más cuando durante el primer semestre de este año en la Comisión de Derechos Humanos del DF se registraron 561 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por casos de homicidio, tortura y lesiones. Peor aún: según publicó en julio el diario 24 horas, de “las 91 quejas registradas en diciembre de 2012 en contra de los cuerpos policiacos y/o funcionarios de la SSP capitalina por sus conductas presuntamente violatorias en materia de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos local señala que no hubo sanción o multa”.
Nuestros asambleístas tienen prisa por hacer leyes más severas en contra de quienes atenten en contra de las autoridades. Qué bueno. ¿Qué les parece si en el mismo paquete también hacemos más caro el que un policía se quite el casco y golpee a un ciudadano que –inocente o culpable– ya estaba sometido, no oponía resistencia y a pesar de todo fue golpeado salvajemente por un uniformado de la SSP-DF? La ley tiene que ser pareja. Esta vez la Asamblea no se puede equivocar como ya lo hizo cuando legisló al vapor en diciembre pasado.
Que los buenos policías tengan en el DF protección y reconocimiento; tanto como tengan también castigo los malos elementos. Las leyes sirven para distinguir a unos y otros. Incluso cuando a veces, como en el caso de Kerik, un mismo policía puede ser héroe y villano.
(SALVADOR CAMARENA)
