Esta semana le tocó a Miguel Ángel Osorio Chong. Un reportaje de Proceso nos cuenta de dos casas que este funcionario ha habitado en los últimos años, que son propiedad de una empresa que hace negocios con el gobierno.
¿Y ya? ¿Cambiemos de tema?
No creo que sea tan fácil.
Difiero de una tendencia arraigada en un sector de la opinión pública que aprovecha este desmentido para insistir que:
-Los funcionarios no tienen la obligación de transparentar todos sus gastos. ¿Qué sigue? ¿Qué pregunten cuánto se gastan en el mercado? Responder ahora es sentar un precedente.
-Toca a los periodistas probarlo todo, no pedirle a los funcionarios que llenen los huecos de una investigación. No le pidamos probar su inocencia.
Es cierto que los periodistas no estamos para ofrecerle al lector preguntas, sino respuestas.
Pero también creo que toca a los funcionarios frenar, con información, cualquier sospecha.
Es decir, no toda la información es pública ni puede accederse a ella. ¿Ese es el argumento para evitar la publicación de un dato? El texto de Proceso nos da suficientes elementos para dudar.
Ya no sorprende que este gobierno eluda informar y deje a la imaginación de cada quien cómo se llenan los huecos. Acumulan las sospechas, sin que parezca importar cómo minan su legitimidad.
Había ocurrido con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Nunca nos explicaron por qué un contratista del gobierno le dio un crédito con intereses muy por debajo de los que fija la banca comercial. Nunca se explicó por qué la empresa que le vendió la casa decidió no ganar un solo peso en la transacción (se la vendió al mismo precio que la había comprado).
Lo mismo sucede con Osorio. ¿No tiene propiedades en el DF, como dice Proceso? Ok. Pero no basta.
Quiero saber cuánto paga de renta y por qué le rentó a un proveedor del gobierno. Quiero tener la tranquilidad de que los funcionarios no reciben ningún tipo de beneficio de empresarios-proveedores del gobierno.
Incluso creo tener el derecho de dudar del nivel de vida de los funcionarios. ¿Rentas de 50 mil pesos? ¿De dónde sale para pagar el resto de sus gastos? ¿Cómo llegan al final de la quincena?
Casos como los que se han presentado nos abren la puerta para no quitar el dedo del renglón: en este país, los funcionarios públicos viven otra realidad económica y no sabemos cómo le hacen. Pero además, se niegan a rendir cuentas. Olvidan que no sólo hay que ser, sino también parecer. Y que su compromiso debe ser con la transparencia y la rendición de cuentas.
Lo que publica Proceso abre más la grieta, aumenta nuestras dudas. Y, sobre todo, nos recuerda que este gobierno ha olvidado que su negativa a informar mina su legitimidad, que finalmente es el sustento ético del ejercicio de su poder.
Las dudas ahí están. Le toca mover al gobierno.
(DANIEL MORENO)
