Puedo entender que sea un mal momento para defender las marchas. ¿Quién no se ha quedado atorado en el tránsito por “culpa” de alguna de ellas? Si nos atenemos a los encuestas, la mayoría de los capitalinos están hartos e incluso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha visto caer su popularidad por lo que algunos llaman su inacción frente a los maestros de la CNTE y los llamados anarquistas. En sólo cuatro meses, la popularidad de Mancera cayó de 55 a 42 por ciento, según la encuesta que publicó hace unos días el periódico Reforma. En ese mismo estudio, dos respuestas son francamente duras: 78 por ciento tiene una opinión negativa sobre la forma como el Gobierno local ha tratado los plantones magisteriales y 31 por ciento lo considera su principal fracaso. Así cómo se oye (como se lee, pues): para los capitalinos, cuando se miden los fracasos del gobierno, son peores las marchas que la inseguridad. No tengo dudas de que los medios de comunicación hemos contribuido, en parte, a exacerbar la fobia a maestros y anarquistas, pero eso es otro tema. Menciono lo de las marchas porque, precisamente con todo este caldo de cultivo y en pleno Día Internacional de los Derechos Humanos, los diputados federales del PRI y el PAN tuvieron la feliz ocurrencia de “hacer algo” sobre este tema. Si Mancera no puede, dijeron, aquí están los legisladores de sus dos principales partidos de oposición para enmendarle la plana. Y mejor aún, pensaron, hasta el aplauso del respetable “podremos ganarnos”, porque seguro han visto una y otra vez en los medios esa imagen de automovilistas hartos, de jóvenes asaltando tiendas o lanzando piedras a la policía. ¿Qué se les ocurrió? Hacer una ley que, en realidad, no busca regular, sino abiertamente limitar e inhibir el derecho a manifestarse. Pero no se quedaron ahí. Ocurrentes como son, diseñaron una ley que no sólo invade temas propios de los capitalinos y su Congreso, sino además es inaplicable, repite fórmulas que ya establece la ley, contempla cárcel para las manifestaciones “poco civilizadas” y mete criterios absolutamente discrecionales, que sólo generan que las autoridades mismas apliquen, unas veces sí y otras no, las leyes. En realidad, parece que decidieron -para decirlo en buen español- ponerle un cuatro a la autoridad perredista del DF. Echen ojo y díganme si no. – Queda prohibido usar la violencia. ¿De veras? ¿No está ya eso en la ley? ¿No hemos pedido todos que se aplique la ley, cuando ésta se viola? La queja es que se aplica mal, que se detiene a inocentes, que no se capacita a policías. – Se prohíben las manifestaciones si hay mucha contaminación. ¿En serio creen los diputados que el ejercicio de un derecho está sujeto a los Imecas (¿así se llaman?) o que las marchas son las que contaminan y no los autos, sí, esos mismos a los que ya no se les cobra la tenencia? ¿O en realidad lo hacen para “cuidarnos”? – El GDF, dice la ley propuesta, instrumentará cursos de “cortesía urbana y desarrollo de manifestaciones”. ¿Qué será eso? ¿Algún especialista en tablas gimnásticas? ¿Hay formas apropiadas de manifestarse y otras no? – Las manifestaciones quedarán disueltas cuando las personas que participen porten armas. Otra obviedad. Si tienen armas, deténganlos. – Casi una tercera parte de los artículos tienen un único fin: que se permita el paso de los autos. Haberlo dicho, la prioridad no es ejercer un derecho, sino conducir en paz. – El GDF impedirá, dice la ley, que “provocadores” alteren el desarrollo de una manifestación pacífica. ¿Pedirán credencial? ¿Cómo van a definir eso? – Si incumples la ley, pueden multarte o arrestarte. ¿Imaginan la escena de la policía capitalina queriendo detener a cientos o a miles de manifestantes para darles su multa? Y ya ni les cuento que hay horarios (de 11 a 6) y calles establecidas (prohibidas las vialidades primarias). Tengo claro que, para muchos, es mal momento para defender las marchas. Yo las defiendo, no sólo como el ejercicio de un derecho, sino como la única herramienta para lograr, en muchos casos, que la autoridad te atienda. En la Ciudad de México hay en promedio ocho marchas diarias. Ni con mucho los maestros son los únicos. ¿Van a disolver una marcha de padres de familia que protestan contra el director de una escuela pública porque la calle es de un sólo carril? Podemos obviamente debatir la regulación de las marchas, pero ¿es éste el momento? Y peor: ¿es ésta la ley? Si la intención es usar la molestia legítima de muchos capitalinos y provocar al gobierno del DF, la ley merece un aplauso. Pero espero estén de acuerdo que, a pesar de los maestros, la vía no puede ser limitar un derecho y darle a las autoridades un poder, que ejercería discrecionalmente, para reprimir una u otra marcha, al gusto del cliente. Así no. Y menos en un momento en el que las leyes aprobadas al vapor, sin consulta ni debate, y las decisiones administrativas al estilo del aumento al Metro han logrado calentar la temperatura y sacar a la gente a la calle. Insisto: ¿es el momento? ¿Suponen que con esta ley se divide a los ciudadanos en malos (los que salen a las calles a protestar) y buenos (los que quedaron atorados en el tránsito)? Los manifestantes no son sólo maestros. Son trabajadores, estudiantes, burócratas… Ciudadanos que ejercen su ciudadanía. Nada más. Aunque suene tan obvio. Ésta es una ley en contra de todos ellos. Quisiera escuchar pronto a Miguel Ángel Mancera salir a decir que es una ley absurda. ¿Es mucho pedir o armamos una marcha para exigírselo? PD- ¿Alguien sabe dónde está la Comisión de Derechos Humanos del DF?
(DANIEL MORENO CHÁVEZ / @dmorenochavez)
