Tuve el sueño angustiante de ver morir a Beatriz López Leyva en su pueblo San Pedro Jicayán. También deliré con la muerte de Catarino Torres Pereda mientras andaba por la cuenca. Lo mismo a Heriberto Pazos, sentado en una silla de ruedas y a Bernardo Vásquez caminando el Valle del Ocotlán. A Rafael Vicente Rodríguez, Nicolás Estrada, Arturo Pimentel, Ignacio García Maldonado y Flavio Sosa también los vi en esa zozobra pasando por mi cabeza.
No fueron sueños. Fueron evocaciones de asesinatos cometidos realmente contra activistas, dirigentes y defensores de derechos humanos que conocí y entrevisté en Oaxaca, durante la insurrección en contra del gobierno del PRI encabezado por Ulises Ruiz Ortiz. A todos ellos los mataron tiempo después, justo cuando el gobernador empezaba a perder el control de su feudo y se abría la posibilidad de que su administración fuera investigada. A la par de los crímenes de sus opositores también fueron asesinados sus operadores oscuros: los jefes policiales Aristeo López y Alejandro Barrita, así como una decena de pistoleros y porros, como Rubén Marmolejo, alias “El Dragón”, quien fue ejecutado en pleno mediodía frente al ex Convento de Santo Domingo.
Aunque los asesinatos no ocurrieron en ese año, el 2006 es el epicentro de todas estas muertes. Es lo que las detonó.
En Oaxaca, no hay mucha gente común que quiera hablar abiertamente de lo que sucedió en 2006, aunque paradójicamente el tema sigue siendo uno de los que dominan las sobremesas familiares, los negocios, la vida cultural y la política. Se suele hablar de un “antes del 2006” y un “después del 2006”, y las posiciones son encontradas y feroces porque todavía falta mucha información para llegar a un consenso que tranquilice a quienes creen que el gobierno y la ciudadanía en general fueron víctimas de una conspiración llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a quienes legitiman el levantamiento popular explicando la política de terror implementada en ese tiempo por la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Hasta ahora, varios organismos civiles internacionales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han elaborado informes preocupantes sobre lo acontecido, en los cuales reportan que en 2006 por lo menos hubo 20 homicidios de opositores, decenas de desapariciones forzadas, violaciones, actos de torturas, detenciones arbitrarias y procesos judiciales por consigna. Pero esta enorme montaña de delitos advertidos permanece intacta. Y a consecuencia de ello, la maquinaria de la muerte y el odio sigue trabajando y matando en Oaxaca.
Cuando llegó al cargo en el 2010, el gobernador Gabino Cué prometió justicia y reconciliación. Creó una Fiscalía Especial para investigar aquellas anomalías. Tal parece que los agentes de la fiscalía especial han cumplido con su labor retomando lo valioso de los informes existentes y encontrando nuevos elementos, pero se han topado con pared a la hora de consignar a los culpables. A finales del 2013 se creó una Comisión de la Verdad para reforzar el trabajo de la fiscalía, sin embargo, hasta el día de hoy, su conformación y operación siguen pendientes. Para que estos dos esfuerzos institucionales funcionen, falta la voluntad total del actual Gobernador Gabino Cué. Sin su impulso, la Fiscalía y la Comisión de la Verdad naufragarán y, sobre todo, naufragará la anhelada justicia y reconociliación que necesita Oaxaca.
De los sueños angustiantes que mencioné al principio, la única muerte que no es una realidad es la del activista Flavio Sosa, quien en el sexenio pasado fue detenido, exhibido y encerrado con El Mochaorejas y otros criminales en el Penal de Almoloya. Flavio fue el primer preso político del gobierno de Felipe Calderón, quien con cuatro días en el cargo estaba urgido de demostrar al PRD su mano dura y devolver al PRI la ayuda que le habían prestado para que pudiera tomar protesta como presidente. Ese 4 de diciembre de 2006 en que Flavio fue detenido, lo acompañaba Ignacio García Maldonado, quien el pasado fin de semana fue ejecutado en Oaxaca.
Flavio fue diputado en la pasada legislatura oaxaqueña y junto con García Maldonado, César Mateos, Gilberto López y Horacio Sosa, creó COMUNA, un organismo civil de mediación, que tiene como una de sus principales proclamas la exigencia de justicia por los crímenes y abusos de autoridad cometidos en el 2006. Quizá por eso – y porque Flavio ya no tiene la investidura de diputado- es que las amenazas de muerte contra él y su equipo se han intensificado en las semanas recientes.
El asesinato de Flavio puede volverse una trágica realidad si desde las esferas oficiales se continúa dejando que la inercia resuelva los graves problemas derivados por el 2006. Y si matan a Flavio Sosa, la impunidad y el odio que todavía reinan en Oaxaca, seguirán creciendo hasta que esa tensión actual explote de nuevo. No cabrá duda tampoco de que el priismo, en el sentido más mafioso de la acepción, ha vuelto a gobernar este país.
México no debería ser ese lugar donde los sueños angustiantes siempre se vuelven realidad.
SÍGUEME EN @diegoeosorno
