Hablemos claro: no conozco a Carlos Slim y creo que es necesario para la economía del país, que se terminen sus privilegios económicos casi monopólicos. Que quede muy claro también: no soy —como algunos periodistas lo insinúan sepa por qué provechos— ni carne de cañón ni instrumento de los intereses económicos de ningún empresario.
Lo que sí soy, un mexicano comprometido, “tuitero” y convencido de los beneficios que nos trae la internet a la población general. Y por ello, me opongo a la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo al Senado Mexicano, al menos como está.
No digo que todo el proyecto de ley sea malo. De hecho, me parece que propone puntos positivos, como el bloqueo de señales de celulares en prisiones desde donde se extorsiona y secuestra, como la eliminación de roamming y larga distancia nacional, o como la eliminación de las tarifas de interconexión que han vuelto incompetente y carísimo al mercado nacional y otros tantos puntos más.
Sin embargo, no debemos permitir se apruebe una reforma con artículos de ley que pudieran ser abusados por la autoridad. En México, con nuestra historia, no podemos correr ese riesgo.
El proyecto dice literalmente en el Capítulo IV “Sobre la neutralidad de las redes” artículo 145:
III. Privacidad. […] Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, o cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad;
¿Quién es autoridad? Un policía de crucero es una autoridad. Un burócrata cualquiera también puede serlo. Entonces, si en un futuro se le llega a dar la gana al gobierno bloquear el internet entero, o ciertos servicios de noticias y periodistas que denuncien tropelías como las violaciones de mujeres en Atenco, o ciertas aplicaciones como twitter para el celular, podrían hacerlo con la ley de su lado.
¿Qué normatividad? ¿Cuál de todas? Hay normatividades hasta internas de oficinas, de cuerpos administrativos, de intendencia, del expediente clínico y un larguísimo etcétera, que ni conocemos y que podrían ser aprobadas sin el conocimiento del público. Usted decide, querido lector, lectora, ¿nos arriesgamos? ¿Nos exponemos a eso, a sabiendas de cómo ha operado el gobierno mexicano en su historia?
Uno de los grandes avances para la sociedad civil, es que hoy en día podemos defendernos de extorsiones, abusos de autoridad y arbitrariedades, por medio de denuncias públicas. Y no es un terreno en el que debamos retroceder ni un sólo paso. Hace no muchos años, en el mejor de los casos, no teníamos eco suficiente si criticábamos a un gobernante o “autoridad”, y en el peor de los casos, gracias a esa falta de eco —que hoy nos dan las redes sociales—, podían hacernos lo que quisieran. ¿Desean ustedes regresar al pasado? Yo, no.
Y eso no es todo. También, dentro de ésta ley se permite el espionaje de comunicaciones entre particulares y la localización geográfica en tiempo real, sin que medie control judicial. ¿Se arriesgan con la cantidad de secuestros que hay, a que cualquier “autoridad” pueda saber exactamente dónde están sus hijos? Asimismo, ésta ley autoriza a que alguna “autoridad”, nos deje sin señal de telecomunicaciones en eventos críticos para la “seguridad pública”.
Imaginemos que somos testigos de policías que abusan de su poder y golpean o arrestan o le siembran droga y matan a unos inocentes —o si gustan, testigos de simple represión policial a las que no somos ajenos en México. De aprobarse esa legislación como está, el gobierno en cualquiera de sus niveles, podría evitar que compartiéramos esa información, con la ley de su lado.
Entonces, no. No lo vamos a permitir. Presionaremos a nuestros representantes, marcharemos, nos quejaremos una y otra vez y haremos lo necesario para defender nuestras libertades. Si está de acuerdo, únase. Si no, disculpe las molestias que esto le ocasiona.
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(J. S. ZOLLIKER / @zolliker)
