Periodista y director de AnimalPolitico.com; ha trabajado en Reforma, Milenio y El Universal. Es profesor en la maestría de Periodismo del CIDE y coolabora en distintos espacios radiofónicos, como Fórmula y W Radio.
A nadie debería sorprenderle que el Congreso incumpla un plazo que él mismo se fijó. Ya saben que nuestros legisladores trabajan con la máxima: prometer no empobrece…
Lo cierto es que el sábado pasado debió quedar aprobada la Ley General de Transparencia, según quedó asentado en la reforma constitucional del año pasado. Pero no ocurrió.
Si al menos tuviéramos la confianza de que los legisladores se han tardado porque les va a quedar muy bien… Pero tampoco.
El Senado, donde se discute esta iniciativa, se ha tardado en aprobar esta ley porque han dedicado su tiempo en buscar –junto con la Presidencia de la República- cómo esta Ley puede redactarse de tal manera que les afecte lo menos posible y apenas sirva para garantizar el acceso a la información pública.
Ya saben: a nuestra clase política no se le da eso de rendir cuentas.
Pero confieso que por un momento llegué a ilusionarme y hasta pensé que ésta sí podía ser una reforma de fondo.
Y no sólo yo, también lo pensaron las Organizaciones de la Sociedad Civil que se han especializado en el tema y saben del acceso a la información es pilar de cualquier sociedad democrática y una herramienta, no para especialistas, sino para cualquier ciudadano que quiera saber en qué se gastan sus impuestos o quiénes son sus funcionarios, qué hacen y cómo diseñan políticas públicas.
Pronto nos regresaron a la realidad.
Nos ilusionamos porque habían prometido que la ley se redactaría de la mano de estos mismos especialistas. Le llaman Parlamento Abierto y hasta organizaron foros y reuniones.
Todo para que, al final, desde la Presidencia se enviaran modificaciones a la iniciativa que redactaron legisladores y especialistas y se les dijera a estos últimos: bueno, ya nos dieron sus opiniones, ahora déjenos hacer nuestro trabajo.
Ilusos.
Ahora, gobierno y partidos redactan una ley que abre la puerta para que se niegue información, sin que se sancione al funcionario que lo decida así; o permite que se niegue la información, sin ni siquiera dar una explicación.
También se permite que un funcionario diga que no hará pública cierta información porque quiere cuidar ‘la estabilidad económica’ y nosotros tendremos que creerle, ya que no hay forma de debatirlo.
Una joya: no podremos saber a quiénes y por qué se le perdona el pago de créditos fiscales.
Estos son sólo algunos de los cambios (ya se habían negado a transparentar el uso que le dan a los recursos económicos en el Congreso) que quieren aprobarse pronto.
Es decir, la reforma tendría el mismo destino de las ‘grandes reformas’ de este sexenio, esas que tanto se presumen: buenos discursos iniciales, reformas constitucionales defectuosas y leyes secundarias regresivas (ya ha pasado con la educativa, por ejemplo).
Tengo claro que hay muchos temas en la agenda y nos ha faltado convencer a más gente de su importancia. Y también sería iluso suponer que una buena ley de transparencia volvería todo color de rosa.
Pero es innegable que representaría un avance clave en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sería una ley para los ciudadanos y para la construcción de una sociedad democrática y un gobierno a su servicio.
Sin embargo, los senadores parecen decididos a voltearnos la espalda.
( Daniel Moreno)
