76 días después, de 43 jóvenes normalistas nos quedó eso: un fragmento de hueso y una muela. Ese es el único vínculo entre su ausencia y su posible destino. Pedacitos del cuerpo de Alexander Mora Venancio, un muchacho mexicano de 19 años originario de Tecuanapa y estudiante de la normal de Ayotzinapa; ambos en Guerrero. Todo indica que con eso nos quedaremos. Desde Innsbruck; Austria, nos dicen que las probabilidades de identificar algo más son muy bajas, mientras que la única certeza que parecen tener las autoridades mexicanas, en voz del procurador, es que se asesinó a un grupo de estudiantes, los quemaron, pero el número “no los vamos a precisar nunca”.
Un fragmento de hueso y una muela… dan ganas de repetirlo y repetirlo en la cabeza, en voz alta, en este texto, para tratar de empatar esos restos con los rostros ya casi memorizados de nuestros 43 huecos. Imposible.
Con ese hallazgo el gobierno federal se apresura a dar vuelta a la página. A superar la tragedia por decreto. Diez puntos innecesarios e insuficientes en voz del Presidente y el reciclaje de políticas que transfieren dinero a Guerrero. Murieron. Cansémonos. Olvidemos. Imposible.
Enerva la frivolidad oficial. Crear leyes para respetar leyes ya existentes. Centralizar problemas policíacos, sin modificar sus reglas. Prolongar la estrategia punitiva con operativos y presencia de fuerzas federales. Transferir dinero y bienes públicos locales a Guerrero. En suma, dejar sin tocar a las instituciones y sus beneficiarios. Para ellos, esta es una crisis política, no una crisis de Estado. Algo a contener y superar, pero modificando lo menos posible el status quo, la distribución de poder, las barreras de entrada de ciudadanos a lo público. Hablan de síntomas, pero ni mencionan enfermedades.
Repetir hasta la nausea “corrupción”, “impunidad” y “estado de derecho”; es de hecho, una forma de no mencionar nuestros verdaderos problemas. Los tres son síntomas, no enfermedades. No se puede salir a pedir que se reduzca la corrupción, se evite la impunidad o se respete el estado de derecho sin pedir al mismo tiempo cambios institucionales que lo hagan posible. Y cuando uno dice “cambios institucionales” no se refiere a edificios y burócratas, sino a la canasta de reglas que vinculan a ciudadanos con gobernantes, que protegen a ciudadanos de abusos, y que definen capacidades entre poderes. Esto es, mecanismos de control políticos y judiciales.
Representación política y controles entre autoridades. Rendición de cuentas vertical y horizontal. A eso se reduce. En democracia, es la interacción entre ambas lo que produce los resultados deseados. De poco sirve el vínculo electoral si el mal desempeño no puede ser castigado, cuando lo merezca, por otras autoridades. De poco sirve que autoridades se monitoreen y transparenten, si ello no implica castigos políticos o judiciales.
¿En serio queremos reducir abusos de autoridad, corrupción e impunidad? ¿En serio queremos cambiar el conjunto y combinación de causas que producen tragedias como la de Iguala? Entonces toca empoderar ciudadanos; romper el oligopolio partidista; y dar dientes y autonomía a organismos que acotan el espacio de acción de quienes ocupan el aparato estatal.
Doy un ejemplo, volteamos maravillados a ver países poco corruptos, pero ni nos asomamos a ver qué lo hace posible. Asomémonos:
Hay 102 países con una percepción de corrupción menor a México, y apenas 69 con percepciones mayores. México está del lado corrupto del mundo. ¿Los países menos corruptos del mundo qué otros atributos tienen? Entre otras cosas,
1.Derechos políticos: procesos electorales competitivos; pluralismo político; y participación.
2.Derechos humanos: trato igualitario y no discriminación; el derecho a la seguridad es garantizado; debido proceso; libertad de expresión; derecho a la privacidad; libertad de asociación; y derechos laborales.
3.Transparencia (i.e. gobierno abierto): las leyes son públicas y accesibles; las leyes son estables; derecho a acceder a información; e información pública disponible.
4.Justicia criminal: sistema efectivo de investigación; adjudicación judicial efectivo y oportuno; sistema carcelario correctivo; sistema judicial imparcial; sistema judicial libre de intervenciones inapropiadas del gobierno; y debido proceso para acusados.
Este no es un análisis ni exhaustivo ni riguroso; pero las gráficas son ilustrativas en términos de correlación entre corrupción y algunos factores; y sobre todo, de la ubicación de México en ambos.
Ayotzinapa desató una discusión sobre el Estado mexicano y lo que en él permitió que ocurriera. Si el Estado es un acuerdo para centralizar la provisión de seguridad sin amenazar derechos y libertades inalienables; y si este acuerdo se garantiza en la relación dinámica entre ciudadanos y quienes ocupan el aparato estatal; es imposible no discutir al Estado mexicano vis a vis Ayotzinapa, sin discutir las instituciones que definen el acceso de los mexicanos a lo público: mecanismos de control político y judicial.
Negarnos esa discusión; negarnos a modificar las instituciones que hacen permisibles nuestros vicios y tragedias; negarnos la efectiva interacción entre mecanismos horizontales y verticales de rendición de cuentas; en fin, negarnos cambiar el status quo y la distribución de poder que implica es prolongar nuestra desgracia, es hacer de la emergencia una normalidad. Es proteger los privilegios de pocos a costa de los derechos de muchos. Es excluir a esos muchos del Estado… es hacer de un fragmento de hueso y una muela su imagen implacable; su condición; su destino.
