Teófilo Borunda es uno de esos grandes personajes de la picaresca política mexicana. Le decían “el Ciclón de Chihuahua” y gobernó su estado a mediados del siglo pasado, al estilo de los viejos priistas. Ya saben: lejos de la ley, sin respeto a las oposiciones, usando el poder para su beneficio… ¿Suena a algo lejano?
A él se le atribuye la famosa frase: “la diputación dura tres años; la vergüenza, toda la vida”.
Qué tiempos aquellos de caciques “ocurrentes”. Así, como Gonzalo N. Santos, el cacique de San Luis Potosí de aquellos mismo tiempos, que se aventó otra: “la moral es un árbol que da moras”.
¿Frases del siglo pasado? Sólo en su origen, porque no deja de asustar ambas podrían haberse dicho cualquier día de la última semana.
Porque ya nos enteramos que los diputados de todos los partidos planean asignarse un nuevo bono millonario, que sería entregado cuando terminen sus tres años en el Congreso, según la versión del Movimiento Ciudadano.
Cierto que ya salieron otros legisladores a decir que esto no ocurrirá. Pero en realidad, poco importa porque ese bono sería sólo la cereza del pastel de otros tres años marcados por el gasto sin control.
Hagan cuentas: al salario que recibe un legislador hay que agregarle, dependiendo de su nivel, bonos extra, asesores, auto, viajes, seguro de gastos médicos mayores y bono de retiro, en el que la mitad sale de nuestros impuestos.
Súmenle lo realmente importante: fondos millonarios para grupos parlamentarios, usados discrecionalmente. Si se van a una reunión plenaria a Puerto Vallarta, como ocurrió con el PAN, les pagan todo. Y como no tenemos acceso al detalle del gasto, podrían pagar hasta fiestas y no nos enteraríamos.
No por nada necesitan casi doce mil millones de pesos al año como presupuesto para ambas cámaras, que suman 628 integrantes, y otro tanto para los congresos estatales, que cuentan con mil 138 legisladores.
¿Sorprende que los legisladores aparezcan siempre en el fondo de las encuestas sobre confianza en las instituciones?
La que hizo la propia Cámara de Diputados concluye que el 70 por ciento de la población confía poco o nada en ellos y que compiten con la policía, los sindicatos y los partidos políticos en el fondo de la tabla.
No es gratuito que las campañas para eliminar los plurinominales –con las que no estoy de acuerdo- sean respaldadas con millones de firmas. ¿Por qué ocurriría lo contrario, si los partidos son los que se asignan un presupuesto y luego aprueban leyes para que ellos queden a salvo de la rendición de cuentas?
Sin embargo, hoy tenemos al menos dos herramientas para revertir todo esto: la reelección, que da más poder a nuestro voto, y las reformas a la ley de transparencia.
Sí creo, sin pecar de iluso, que podemos empezar a construir un poder que rinda cuentas.
Las leyes de transparencia permiten apostar por la apertura, la transparencia y la vigilancia ciudadana. Y ahí es donde está parte del trabajo de medios y ciudadanos, por ejemplo.
No es poca cosa.
Sí es posible la vigilancia, el gasto racional y controlado, los salarios y las prestaciones justas, el fin de bonos discrecionales, las licitaciones públicas… Pero para ello, nos toca usar estas armas.
(DANIEL MORENO / @dmorenochavez)
