El señor Mendoza es uno de esos mexicanos de la clase media que siempre están pensando en cómo dará la batalla del día siguiente para pagar la renta y sostener a la familia. Para él, las cosas son sencillas: tener un empleo con un salario insuficiente o fundar un pequeño negocio que le permita mayores ganancias. El señor Mendoza, un hombre de 60 años que aparenta menos, arriesgó un exiguo capital y abrió una tienda cerca del barrio de Tepito. No le iba mal hasta hace unas semanas, cuando un fantasma lo visitó.
Cuando menos lo esperaba, el SAT se le apareció.
Sin avisar, la oficina fiscal del gobierno intervino la cuenta bancaria que el señor Mendoza utiliza para depositar el dinero en efectivo que recibe de las ventas del negocio y le hizo saber que, si no comprueba que es lícito, no podrá mantener la cuenta abierta. Le advirtió que debía registrarse ante Hacienda para pagar impuestos y que si no lo hacía podía pasar al banco a recoger un cheque de caja y despedirse de la posibilidad de guardar ahí su dinero.
El señor Mendoza está muy preocupado porque no sabe qué hará para mantener a su familia. ¿Esconder su dinero debajo del colchón en un país asfixiado por la inseguridad? ¿Registrarse ante Hacienda y despedirse de sus pocas ganancias? Puede salir en busca de un empleo, ¿pero a los 60 años le será fácil obtenerlo?
Hay un dato perdido en esta historia que puede ser la historia de miles de mexicanos: HSBC es el banco donde el señor Mendoza mantenía abierta una cuenta. Cuando preguntó qué había ocurrido, obtuvo una respuesta que parece lógica: la Secretaría de Hacienda se ha puesto durísima en la revisión de cuentas de ese banco, porque el año pasado una filtración de documentos hizo posible conocer que HSBC ayudó a millonarios de todo el mundo, entre ellos a algunos mexicanos, a evadir impuestos, y dejó pasar actividades ilegales de comerciantes de armas y diamantes.
Otra filtración motivó una gran investigación internacional llamada Los Papeles de Panamá, que hace una semana reveló la creación de empresas y el manejo de fortunas en paraísos fiscales. Alrededor de 400 periodistas de todo el mundo descubrieron los nombres de 12 jefes de Estado, más de 100 políticos y 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, entre 11 millones de documentos cuya revisión podría extenderse meses o años.
El capítulo mexicano de los Papeles de Panamá involucra al empresario Juan Armando Hinojosa, el contratista del Estado de México que ha ganado concursos de obra pública por alrededor de 60 mil millones de los gobiernos de Enrique Peña en el Estado de México y de la administración federal en curso; a la actriz Edith González; al propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas, así como a Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa.
A los Papeles de Panamá podemos mirarlos como a una moneda de dos caras. Podemos cruzarnos de brazos y bostezar con tranquilidad –o con cinismo– asumiendo que no existe ningún ilícito en el acto de abrir sociedades offshore en los más de 100 paraísos fiscales que existen en el mundo. O podemos frotarnos los ojos y ponernos a pensar en leyes fallidas y el fondo ético y moral que envuelve a esas sociedades, en un contexto amplio del que formamos parte tú y yo, el señor Mendoza y millones de habitantes de un país dividido por las brechas sociales.
Partamos de un principio para intentar una mirada más amplia: las sociedades offshore son lícitas porque están autorizadas en los paraísos fiscales, y son legítimas porque cualquier persona tiene derecho a elegir dónde invertir su dinero para que le rinda más réditos, igual que uno elige entre un banco y otro. En Panamá, por ejemplo, abrir una empresa cuesta 300 dólares al año y los impuestos que causa son bajísimos. Podríamos agregar que en México además se justifican en una atmósfera de violencia: abrir una sociedad de esta clase puede proteger tu seguridad contra la extorsión o el secuestro, porque no es necesario que reveles tu identidad. Puedes utilizar uno o más testaferros y cuando la sociedad se funda, no aparecerá tu nombre.
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Hasta ahí todo puede verse sin ningún problema. ¿Pero qué pasa si volteamos la moneda y miramos el otro lado? Podemos encontrarnos con situaciones que al menos deberían llevarnos a pensar si todo está bien como está, o es necesario cambiar algunas cosas.
Podríamos partir de un hecho fuera de objeciones: no sabemos si el empresario Hinojosa declaró los 100 millones de dólares que invirtió de manera secreta en un paraíso fiscal. ¿Cómo llega el dinero a una sociedad offshore? No es que un empresario –pongamos Hinojosa– tome esos recursos de su empresa y los traslade a la sociedad: cuando declara fuera del país ese dinero, no informa de dónde provienen.
Esto puede decirse en otras palabras: un empresario –pongamos Hinojosa– puede llevarse 100 millones de dólares fuera de México, donde obtuvo esas ganancias o parte de ellas, sin declarar al SAT ese dinero. Y si no informó a Hacienda, está incurriendo en el delito de evasión fiscal. En los Papeles de Panamá hay 33 mexicanos más o menos ricos que trasladaron su dinero a paraísos fiscales quizá sin declarar esos fondos en el gobierno de su país, pero también puede haber narcotraficantes o políticos corruptos que utilizan estas sociedades para lavar su dinero sucio
¿Qué tiene qué ver esto conmigo, contigo y con el señor Mendoza y su pequeño negocio? La ley existe para todos, pero su ejercicio no a todos alumbra o ensombrece de la misma manera. Al señor Mendoza la Secretaría de Hacienda le intervino una cuenta bancaria porque en ella había ingresos por varios miles de pesos, pero que yo sepa ninguna cuenta del empresario Hinojosa ha sido congelada y nadie lo ha molestado por esos 100 millones que se llevó del país quizá evadiendo impuestos.
Las revelaciones de los Papeles de Panamá plantean un debate mucho más amplio que la conclusión simple de que invertir dinero en una sociedad offshore es legal y deberían llevar a la sociedad de este país –a ti, a mi, al vecino– a indignarnos por la forma de operar de un sistema minado de desigualdades –políticas, sociales y fiscales– que permite que a unos ciudadanos Hacienda los despelleje haciéndolos pagar impuestos, y a otros les permita llevarse nuestros impuestos a otros países. ¿Es ético y moral que un empresario que ganó 100 millones de dólares en México se lleve su dinero a otro país para no pagar impuestos aquí, en beneficio de los mexicanos más pobres?
Por el contrario, el argumento de legalidad detrás de estas sociedades debería llevarnos a discutir las lagunas existentes en las leyes y las reformas urgentes para regular estas conductas. Y a indignarnos no solo porque el 1 por ciento de los habitantes de este país concentra el 43 por ciento de la riqueza, sino porque además existan ventajas para que los más ricos sean más ricos, y encima de eso tengan abiertas las puertas de estos paraísos.
