A unos días de las elecciones, el presidente Enrique Peña presentó una iniciativa para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, después de que en abril envió al Congreso otra para regular parcialmente el consumo de la mariguana. A golpe de vista, como hicieron varios periodistas que simpatizan con el régimen –“Ahora sí aplaudimos”, dijo una columnista– tendríamos que celebrar ambas propuestas porque reconocen las libertades y el derecho a la autodeterminación de la sociedad. Pero hay un trasfondo más profundo que involucra cálculos políticos y un frágil equilibrio de poderes, y hace necesaria una reflexión más honda.
Las dos propuestas muestran la capacidad de maleabilidad del régimen y su partido para adaptarse, con todo y que sea a destiempo, a una realidad que alcanzó al país, haciendo a un lado posturas tradicionales de rechazo a esas y otras demandas y exigencias de la sociedad civil.
¿Por qué presenta Peña la iniciativa para legalizar los matrimonios gay unos días antes de las elecciones en las que se disputarán los gobiernos de doce estados? ¿Es una casualidad o se trata de una decisión acompañada por un cálculo político?
Parecería obvio que el Presidente toma como banderas temas importantes para una parte de la sociedad con la intención de ganar puntos, sobre todo después de que una encuesta de Reforma, el diario más acertado en esa clase de ejercicios, otorgó a Peña una aprobación de 30%, un mínimo histórico no sólo en su gestión, sino en comparación con los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Más allá de esto, que no es un asunto menor, vale la pena contrastar las propuestas del presidente Peña para encontrar una diferencia sustantiva: el Ejecutivo se ciñe al criterio de la Suprema Corte en cuanto a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluir la adopción en parejas gay, pero no hace lo mismo con la mariguana.
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En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer una resolución que declaró inconstitucional la prohibición del consumo de la marihuana, una propuesta del ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, a partir de un criterio que consideró que la posibilidad de decidir si desea consumir la hierba pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La iniciativa enviada al Congreso por Peña propone aumentar la posesión de la mariguana a 28 gramos, permitir el uso medicinal de la mariguana y autorizar su estudio científico, lo cual representa avances sin duda importantes pero, a diferencia de la iniciativa sobre matrimonios gay, no incorpora los criterios y las razones de la Suprema Corte de Justicia.
Y al no hacerlo cancela la posibilidad de construir quizá la parte más importante –y lógica– de la iniciativa: terminar de manera absoluta con la criminalización de los consumidores.
El presidente propone aumentar la posesión, pero no considera el acceso a la marihuana, con dispensarios o centros legales de venta, como existen en varios países del mundo.
¿Qué significa esto?
La propuesta del Presidente me autoriza a portar 28 gramos de mariguana, pero para conseguirla tengo que ir a un picadero o contactar con alguien que probablemente trabaja con un grupo de delincuencia, alguien que lo hace de manera ilegal.
La iniciativa del Ejecutivo propone, en cambio, que la industria farmacéutica sea la única autorizada para desarrollar investigación científica sobre el uso medicinal de la cannabis.
Si en California tienes migraña, vas con un médico y te extiende una receta con la que puedes ir a un dispensario a comprar una dosis de mariguana. La iniciativa del Presidente no abre la puerta a una regulación en la materia, sino a la posibilidad de hacer más negocio para las farmacéuticas.
Ante este contexto, surgen otras preguntas importantes: ¿la iniciativa del Presidente será aprobada tal cual la presentó? ¿Los legisladores inclinarán la cabeza y alzarán el dedo –como lo hicieron la mayoría de los medios al celebrar su propuesta– y renunciarán a discutir adiciones necesarias para enmendarla?
Este es un asunto en verdad importante porque tiene que ver con el frágil equilibrio de poderes en el país. En los dos primeros periodos de sesiones de esta legislatura, el Congreso actuó como oficialía de partes del Presidente, atendiendo a las propuestas y las urgencias que definió el Ejecutivo.
Se aprobaron todas las iniciativas enviadas por el presidente Peña, pero el Congreso no hizo lo mismo, por ejemplo, con el Sistema Nacional Anti Corrupción y la iniciativa ciudadana 3de3, esencialmente porque el PRI y sus partidos satélites en el Congreso no estuvieron de acuerdo.
El Presidente sigue tratando al Congreso como si fuera su empleado y no como uno de los tres Poderes, porque el grupo parlamentario del PRI y la inmensa mayoría de los diputados y senadores lo permiten.
El debate de la mariguana debería no sólo modificar y corregir los errores y vacíos de la iniciativa del Ejecutivo en el tema de la mariguana, sino representar una oportunidad para que los legisladores alcen la cara para actuar por cuenta propia y rescatar la dignidad del Congreso como contrapeso del Ejecutivo.
