En el año 93, Carlos Salinas descartó la pasarela de candidatos que le favoreció seis años atrás y con el dedo completo eligió a Colosio. Ernesto Zedillo anunció que se amputaba el índice y esta decisión, a decir de Dulce María Sauri, presidenta del PRI, llevó al partido a perder la presidencia. En el turno de Enrique Peña, todo apunta a que la sucesión está desatada: con la anuencia del Presidente o sin ella, los grupos de Miguel Osorio y Luis Videgaray están inmersos en una guerra abierta por la candidatura, con un resultado de pronóstico reservado para el partido fundado por Calles.
Como no había sucedido de manera tan clara en la acartonada escenografía sucesoria del PRI, el próximo candidato surgirá de una feroz batalla entre tecnócratas y políticos. Es posible que el Presidente esté engañando a todos y que al final dé un manotazo sobre la mesa y elija al candidato, pero aún si así fuera, la pelea entre estas dos faunas irreconciliables ya está provocando grietas importantes en el partido gobernante.
Cuando perdió la presidencia hace 16 años, el PRI pudo resistir y recuperar el poder gracias a los oficios de un grupo de gobernadores de formación claramente política y de dos operadores políticos clave: Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones. Ahora que los equilibrios se han inclinado notablemente hacia el grupo de Videgaray con la designación de Enrique Ochoa como líder del partido, es oportuno hacerse una pregunta: ¿en manos de los tecnócratas el PRI de Peña sobrevivirá al cataclismo que se anuncia en la elección de 2018?
Revisar esta compleja coyuntura histórica del PRI es importante no sólo para los priistas sino para todos los mexicanos, en vista de los grandes cambios y reformas que podrían surgir en la próxima presidencia de la República, esté o no en manos de un priista. La presidencia de Enrique Peña ha mostrado la persistencia de anacronismos en el ejercicio del poder que deben desaparecer en los próximos años, de manera independiente al candidato que logre llegar a Los Pinos.
Es curioso pero no casual que los tecnócratas de Videgaray estén ganando la batalla por la candidatura cuando las políticas públicas del gobierno peñista están dominadas por la peor devaluación en por lo menos 18 años y una conducción presupuestal errática y marcada por dos rasgos distintivos: un gasto excesivo que favorece los intereses del Ejecutivo y el partido en el poder, y una serie de ajustes al presupuesto decididos en forma autoritaria por el gobierno federal.
Estos anacronismos metaconstitucionales se aprecian claramente en el presupuesto de egresos: uno es el que aprueba el Congreso en el supuesto ejercicio de sus atribuciones y otro distinto el que a final de cuentas ejerce el gobierno federal, que con el pretexto de hacer frente a un escenario de inestabilidad financiera internacional ha decidido una serie de ajustes que han transformado de manera radical la orientación del gasto federal de cada año.
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El conjunto de recortes anunciados por el gobierno federal en los últimos dos años suma 250 mil millones de dólares, todo un mar de dinero. Este hecho cobra relevancia en dos sentidos que dan lugar a una afirmación y a una duda.
La primera está ligada a un hecho incontrovertible: los recortes al presupuesto son la mayor manifestación de poder de la tecnocracia priísta en las últimas décadas. Los tecnócratas de Peña han encontrado en los ajustes presupuestarios una forma de controlar espacios del poder vital que pasa por las secretarías de Estado, los gobiernos estatales, las principales ciudades y las alcaldías del país.
La duda dar lugar a todo tipo de conjeturas: si el conjunto de recortes suma 250 mil millones de pesos y de acuerdo con el jefe del Sistema de Administración Tributaria la recaudación fiscal se ha elevado en este gobierno –el número de contribuyentes se amplió de 38.5 millones a 52.9 millones–, ¿cuál es la razón del último gasolinazo si los ingresos federales han crecido? ¿Para qué necesita más fondos y a qué los destinará el gobierno peñista?
El gasolinazo más importante en los últimos 18 años encierra una serie de enigmas en la compleja situación económica del país. Si el gobierno peñista tomó una decisión tan impopular a poco más de un año de que se anuncie la candidatura y a menos de dos años de las elecciones, quiere decir que las cosas no son como se ha pregonado y que la política económica del gobierno peñista está naufragando.
Y en un escenario de descomposición económica, un candidato del PRI surgido de la tecnocracia podría ser un hombre al agua.
