Pocos países han sido saqueados como México. La corrupción ha crecido como una bola de nieve alentada por la insaciabilidad de una clase política sin escrúpulos que siempre ha encontrado nuevas formas de enriquecerse: del “no me des, ponme donde haya” de Miguel Alemán, el presidente que dispuso de los fondos nacionales como si fueran de su propiedad, pasando por José López Portillo y su descubrimiento de los poderes infinitos de la “caja chica” del régimen, hasta estos días en los que la voracidad de gobiernos, políticos y partidos ha convertido al país en un festín de despojos bajo un sistema de corrupción institucionalizada que lo permite prácticamente todo.
En este México de leyes repletas de hoyos y formas infinitas de interpretarla para evadirla, la corrupción política ha alcanzado una dimensión tan escandalosa en los saqueos consumados por los gobernadores —los Duarte en Veracruz y Chihuahua, Borge en Quintana Roo, Padrés en Sonora, Medina en Nuevo León— que hemos llegado a un absurdo en el que resultan inadvertidas algunas prácticas de depredación oficializada por dos razones: porque de tan comunes han sido asimiladas por la sociedad y porque comparadas con los desfalcos de miles de millones de pesos parecen pecados menores que dejamos pasar como agua de lluvia.
Como nunca antes había ocurrido, en los años recientes esta descomposición ha socavado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el primero con operaciones como la casa blanca de 7 millones de dólares construida y financiada por el contratista Hinojosa a petición del presidente Peña y denuncias probadas de comisiones y moches en contratos federales millonarios, y los otros dos cada vez más evidenciados por hechos de corrupción que han expuesto a jueces y a los diputados y senadores cuya supuesta misión es hacer las leyes que conduzcan al país por el camino inequívoco del Estado de derecho.
Uno de los principales obstáculos para superar la impunidad y la corrupción es que los ciudadanos no comprendemos cómo funciona el sistema de corrupción institucionalizada, ni tenemos idea de sus gigantescas dimensiones. Un buen ejemplo para mostrar esto ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando la mayoría de los legisladores —lo rechazaron las bancadas de Morena y MC— se regaló un bono navideño de 150 mil pesos.
Para tener una idea de lo que representa esto, vale la pena decir que lo más revelador no es lo inmoral, indebido e injustificado de este regalo que se hicieron los legisladores, valiéndoles madre la compleja situación política, económica y social; esto parece meramente anecdótico comparado con lo verdaderamente grave, que es lo que se esconde detrás de este bono: una vía institucional para desviar dinero del erario y repartírselo como un botín, no sólo en completa obscuridad y discrecionalidad, sino violando las leyes fiscales.
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Los diputados y senadores encargados de hacer las leyes crearon hace décadas un estado de excepción que les permite recibir privilegios que no tienen los ciudadanos, como recibir estos 150 mil pesos sin explicar a qué los destinaron ni justificar el gasto de esos recursos ante alguna autoridad. ¿Por qué? Porque los diputados y senadores construyeron una ley a modo y ellos y nadie más son los encargados de definir cómo se reparten los recursos y, peor aún, de auditarse.
Lo más grave es que esta forma de corrupción del bono navideño ocurre de manera sistemática con los recursos de los legisladores: cada mes, además de su dieta o salario de 61 mil pesos reciben fondos por más de 100 mil pesos para trabajo legislativo y transporte (45 mil pesos para asistencia legislativa, 30 mil pesos de apoyo al personal y alrededor de 40 mil pesos de transporte en promedio) que no están obligados a transparentar y tampoco a justificar. En otras palabras, nuestros legisladores asumen esos fondos como suyos y se embolsan sin ningún conflicto ese dinero de los mexicanos.
Esto ha sucedido por años y hasta hace días el SAT “descubrió” que los legisladores violaban la ley y comenzó a conversar con ellos si gravaba esos fondos, cuando esa obligación no debería estar a discusión. ¿De cuánto estamos hablando? Sólo entre marzo de 2014 y febrero de 2015, los diputados recibieron mil 193 millones de pesos, de los cuáles no justificaron casi 400 millones de pesos. El bono navideño representa 75 millones de pesos tomando en cuenta a los 500 diputados, pero si tomamos como base los alrededor de 100 mil pesos que reciben cada mes y que no deben justificar ni transparentar, el monto asciende a 50 millones de pesos cada mes, 600 millones de pesos cada año y 1,800 millones de pesos en los tres años de la legislatura. Multiplicado sólo por las últimas 10 legislaturas este desfalco suma 18 mil millones de pesos, el equivalente a 125 casas blancas de 7 millones de dólares como la que recibió el presidente del favorito de los contratistas del gobierno.
Este es el mundo excepcional y de privilegios en el que viven los señores encargados de hacer las leyes de este país, un mundo creado por ellos a espaldas de los ciudadanos a quienes se supone deben servir.